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Bronca, impotencia e indignación es lo que dicen sentir agricultores del Norte Integrado, después de que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) divulgara el comiso de 62 toneladas y 112.959 litros de insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas y coadyuvantes) vencidos, caducados, sin etiquetar y reetiquetados en un depósito de una importadora que opera en la capital cruceña. El operativo se ejecutó el 2 de este mes.

"Esta acción es criminal y atenta contra la economía del pequeño productor, que recurre a agroquímicos para combatir las plagas y así aspirar a alcanzar mayor productividad y rentabilidad. Lo más grave es que, en ese afán, muchos firman contrato con casas comerciales poniendo sus bienes (chaco, vivienda y maquinaria), como garantía, y terminan perdiéndolo todo -condicionados por el clima y la baja productividad en sus parcelas- porque los fertilizantes y otros insumos no tienen la efectividad deseada", comentó Eliazer Arellano, productor e integrante del Grupo Norte Chané-Peta Grande.

Hizo notar que, después del escándalo, los productores de esa zona, con el compromiso de autoridades oficiales, analizan la importación directa de insumos de uso agrícola. Este mes, el Gobierno promulgó la Ley 1391 que reduce a 0% la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para importación de bienes de capital, plantas industriales, maquinaria y equipo destinados a la agropecuaria, industria, construcción y minería.

Para Demetrio Pérez, también agricultor, el resultado del operativo del Senasag deja indignación y malestar entre los productores, principalmente pequeños, que no cuentan con asesoramiento técnico para el manejo del cultivo y recurren a agroquímicos que muchas veces no garantizan efectividad en el control de plagas.

Dijo que el 60% de la inversión en los costos de producción se destina a la compra de agroquímico, y pidió al servicio oficial nacional de sanidad animal y vegetal que presione a la Fiscalía para que esclarezca y sancione a los implicados en la falsificación de insumos agrícolas.

En el ámbito de sus atribuciones, según el ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Remmy Gonzales, el Senasag formalizó una demanda legal contra los falsificadores de insumos agrícolas.

La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y delitos contra la salud pública. “Los productos vencidos, son nocivos, no solamente para la salud, sino que ya no tienen el mismo efecto para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, haciendo que los productores no obtengan los resultados productivos esperados, ocasionando daños económicos”, puntualizó Gonzales.

Cumplida esta diligencia, la diputada oficialista por la C-52, Deysi Choque, y la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo) se adhirieron a la querella, exigiendo una investigación activa para dar con las personas o empresas implicadas en la venta de plaguicidas vencidos, caducados y reetiquetados.

La parlamentaria afirmó que también presentó una denuncia por estafa múltiple, dando cuenta de que son varios los productores afectados que, en su buena fe, fueron engañados con plaguicidas caducados y adulterados.

Afirmó que atendiendo un pedido de los productores, junto con la Aduana y el Senasag, allana el camino para que los agricultores puedan importar directamente los insumos agrícolas desde los centros donde se procesan.

En un comunicado, la Cappo salió en defensa de sus afiliados y emplazó a la Fiscalía a proteger los derechos de los agricultores que resultaron estafados con plaguicidas caducados. Piden que el Ministerio Público intervenga y paralice los procesos en ejecución de los afectados hasta que concluyan las investigaciones.


Actos procesales

En el marco de las investigaciones, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), bajo dirección funcional del Ministerio Público, allanó el depósito y secuestró agroquímicos adulterados, elementos de prueba para acumular evidencias dentro del proceso de atentado contra la salud pública, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados, que sigue la Fiscalía contra W.C., detenido el día del operativo.

Con todos los elementos que fueron colectando en el allanamiento, a decir del fiscal asignado al caso, Christian Kamiunten, se iniciará la etapa de investigación que contempla citaciones, peritajes y otras actuaciones judiciales para determinar la participación de los autores, cómplices o encubridores que resultaron partícipes del hecho que se investiga.

Patrick Nogales, director general ejecutivo del Senasag, sostuvo que, como institución encargada de velar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria, coadyuvará con el trabajo del Ministerio Público. “Todos los insumos agrícolas y el almacén quedan bajo el resguardo de la Fiscalía. Como Senasag vamos a esperar el resultado de la investigación”, expresó.

El Senasag anuncia 'mano dura y procesos penales' a quienes atenten contra la salud pública.

Repudio institucional

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (Aprisa) condenaron la venta de insumos caducados y exigen a la Fiscalía una investigación a fondo para esclarecer y dar con los responsables de este ilícito, sean personas o empresas.

"Es un hecho altamente deplorable y como sector productivo acompañaremos las acciones emprendidas por el Senasag. Exigimos a la Fiscalía que se dé con los responsables y culpables de este ilícito y se llegue a sancionar con todo el peso de la ley porque esto es un atentado contra la salud pública, el medioambiente y la economía productiva regional”, expresó el presidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano.

Desde Anapo, el presidente Fidel Flores, expresó el rechazo e indignación del sector por el accionar delictivo de empresas y personas involucradas en esta actividad ilícita que atenta contra la salud, el medioambiente y la economía de los productores.

En un pronunciamiento institucional, APIA alude que las empresas miembros desarrollan sus actividades en el estricto marco de lo establecido en la normativa exigida por la autoridad nacional competente (Senasag) y otras entidades del Estado vinculadas.

"Manifestamos nuestro rechazo a toda acción que implique riesgos económicos al productor agrícola, efectos nocivos sobre la salud y al medioambiente, en detrimento de la reputación de empresas enmarcadas en la ley. Corresponde a las autoridades -llamadas por ley- llevar adelante las investigaciones con el objetivo de verificar las supuestas infracciones cometidas, a tiempo de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a legislación vigente, si fuera el caso", expresa el comunicado de APIA.

Ronald Paz, presidente de Aprisa, repudió el acto ilícito que, a su juicio, no solo daña la salud pública y el medioambiente también deteriora el prestigio de muchas empresas que trabajan de manera responsable para proveer la mejor calidad en cuanto a insumos.

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