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La Asociación Departamental de Avicultores (ADA), la Federación de Productores Lecheros de Santa Cruz (Fedeple) y la Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor) activarán acciones legales contra el Viceministerio de Comercio Interno (VCI), al que acusan de incumplimiento de deberes al desobedecer el Reglamento del Decreto de Liberación de las Exportaciones -vigente desde principios de este año-. 

La norma establece los mecanismos de abastecimiento del mercado y regula el precio de la harina solvente de soya, insumo transversal en la dieta alimenticia de pollos, cerdos y vacas de razas lecheras.

La determinación de la dirigencia fue revelada por el titular de ADA, Ricardo Alandia, quien señaló que lo que se pretende es hacer prevalecer el reglamento del decreto que define que el precio de la harina de soya solvente en el mercado local corresponderá al promedio exportado por la industria aceitera en la última quincena; es decir, el valor de exportación FCA (Free Carrier) más el Impuesto del Valor Agregado (IVA). 

Además, proteger el derecho de 80.000 productores del país contra las ocho industrias, que, según él, de forma discrecional y abusiva imponen un precio al productor local por encima del que rige para los compradores de mercados externos.

De acuerdo con Alandia, en el mercado interno los productores pecuarios nacionales pagan Bs 2.280 por la tonelada de harina de soya, mientras que los compradores del exterior pagan, en promedio, Bs 2.217 por igual volumen. “Esto es competencia desleal contra la producción nacional”, enfatizó.

La semana pasada, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz, en un pronunciamiento sectorial, habló de un trato preferencial de las industrias oleaginosas con los compradores externos, que pagan un precio por debajo del que rige para los productores pecuarios nacionales.

“En reiteradas oportunidades las industrias del sector oleaginoso manifestaron públicamente que subvencionan la producción pecuaria nacional; sin embargo, hoy queda demostrado que en realidad subvencionan la producción del exterior”, reflexionó Diaz.

En ese contexto, los sectores afectados advierten que los productores no se harán responsables, si por esta situación se genera un desabastecimiento de alimentos básicos y de consumo masivo para las familias bolivianas. 

Alertan que la subida de precio discrecional pone en riesgo el cierre de miles de unidades productivas lecheras, avícolas de carne y huevo, y porcinas del país, debido al incremento de sus costos y la competencia externa.