Proyecto de Ley advierte que el Estado no devolverá fondos retirados de las AFP

El pedido de varios aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) se cumplirá; podrán retirar parte de los recursos que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). No obstante, el Estado advirtió que no restituirá el dinero que los beneficiados retiren de forma voluntaria.

Esto a la larga, según expertos consultados por EL DEBER, repercutirá en los montos que reciban estas personas en sus futuras jubilaciones: será pan para hoy y hambre para mañana, coincidieron varios especialistas, que citaron esta frase para graficar el efecto que tendrá esta medida.

La Asamblea Legislativa debate un proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo que establece la devolución parcial y total de los aportes de las personas afiliadas a las AFP: BBVA y Futuro.

Con este proyecto, el Gobierno de Luis Arce Catacora pretende inyectar recursos a la población; afectada por la crisis económica que se generó por las medidas restrictivas que se implementaron el año pasado para frenar el avance del coronavirus.

El mismo documento deja claro que no podrán acceder al retiro de fondos las personas asalariadas en el sector público y privado. Tampoco quienes hubieran hecho aportes a las AFP desde 2019 como empleados del sector público. Los actuales rentistas (jubilados) también están excluidos de la norma que está en análisis.

Porcentajes

El artículo 2 de esta norma se establecen los porcentajes que se podrán retirar que van desde el 15 al 100 por ciento.

Por ejemplo, si en la cuenta de los aportantes existe un monto acumulado menor o igual a Bs 10.000, las personas podrán retirar hasta el 100% de estos recursos. En este caso, el único requisito es tener 50 años o más.

Este apartado también señala que si en la cuenta de los aportantes existe un monto igual o menor a Bs 100.000 se podrá retirar hasta el 15%. Para los que entren en este rango, no existe una edad límite.

El proyecto no toma en cuenta a las personas que tengan un saldo mayor a este monto.

Pero no todo es color de rosa. En otros dos artículos el Gobierno deja establecido claramente las consecuencias que deberán asumir los beneficiarios.

Específicamente el artículo 8 asegura que “las y los asegurados que accedan a la devolución parcial o total de aportes en la presente Ley, no podrán beneficiarse de la fracción solidaria financiada con recursos del Fondo Solidario”.

Este mecanismo fue creado en 2010 para mejorar los ingresos de los jubilados con rentas bajas.

Otro de los puntos que señala esta norma, en su artículo 9, es que “El Estado no restituirá el monto de la devolución parcial o total del aporte al que accedan de forma voluntaria las y los asegurados del SIP”.

Observaciones

El economista, Alberto Bonadona, dijo que una de las secuelas de esta norma será la disminución del pago mensual de la jubilación de las personas que ahora exigen la devolución de sus recursos.

Una vez aprobada la norma, según el especialista, las AFP tendrán que vender los títulos de deuda (DPF o Valores emitidos por el Estado) a precios más bajos, lo cual descapitaliza al fondo de vejez y pone en riesgo su futuro.

Bonadona cuestionó incluso las cifras que el Gobierno prevé inyectar con esta medida.

“Los $us 1.200 millones son insuficiente para generar una recuperación económica porque el problema es la caída de la producción. Se requiere al menos $us 6.000 millones”, dijo.

El especialista en finanzas, Jaime Dunn, afirmó que las personas que accedan a este beneficio tendrán un ingreso importante de recursos, que inicialmente podrán paliar los efectos negativos generados por la crisis. No obstante, perderán la rentabilidad generada por las AFP en diferentes operaciones,

“El termino farrearse el futuro se aplica a esta situación, porque se van a gastar el futuro. Prefieren tener un boliviano ahora, a dos en el futuro”, observó.

Anticipó que es casi un hecho que las personas que reciban estos recursos “mañana saldrán a las calles para que se les devuelvan los fondos”.

“Se está generando un problema para los gobiernos futuros. Esto es algo que no se debería hacer”, señaló el especialista.

El exministro de economía, Óscar Ortiz, dijo que la medida es muy popular entre la población, pero observó que tendrá impactos económicos negativos para las personas y para la economía en su conjunto.

En lo inmediato, dijo que 1,5 millones personas podrán retirar parte de sus ahorros lo que dinamizará la economía, en especial, en el sector de consumo, porque los aportantes son asalariados y no microempresarios. “En lo negativo, para estas personas, un 15% menos en su fondo de pensiones significará una jubilación menor en el futuro”, dijo.

Gustavo Rodríguez, Investigador de la organización para la Seguridad Social Flora Tristán, señaló que la norma es inadecuada y perjudicial porque afecta de forma negativa a los aportantes más pobres, porque no podrán acceder al Fondo Solidario.

Explicó que por ejemplo una persona con Bs 100.000 de aportes, y 20 años de trabajo, gracias a la pensión solidaria recibe una pensión de Bs 2.000. Pero si retira el 15% establecido en la norma, recibirá una jubilación menor.

En el caso del grupo de aportantes que retiren todos sus aportes, “estas personas no se podrán jubilar” y no recibirán ningún tipo de beneficio.

Para el especialista, acoger a la norma significa tener “Pan para hoy, hambre para mañana”.

Dijo que existen otras alternativas como ayudar a las personas que están en edad de retirar a conseguir la jubilación, pero que no tienen los aportes suficientes o la edad para hacerlo. Calculó que existen cerca de 600.000 personas en esta situación.

Más allá de que este proyecto se apruebe o no, Dunn sostiene que es el momento de replantear el actual sistema de inversiones de las AFP para que puedan generar una mayor rentabilidad.

El proyecto es analizado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que tiene la potestad de realizar cambios.

“No se trata de decir o aventurarnos sobre cuánto por ciento se va a devolver, sino que necesitamos trabajar de forma técnica para dar certidumbre al pueblo boliviano, en ese sentido queremos pedir paciencia”, señaló Freddy Mamani presidente de la Cámara de Diputados.

El anteproyecto de ley fue remitido por el presidente y ya está siendo analizado en comisión.