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Un proyecto de ley que presentó el Órgano Ejecutivo promueve el diferimiento del pago de intereses y capital de préstamos que hicieron durante la gestión 2020, las entidades y empresas públicas, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus.

Según el artículo 3 del proyecto de ley 685/2019, “se autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB), a las entidades de intermediación financiera bancaria y no bancaria, sean estas públicas, mixtas, privadas o fiduciarios, realizar el diferimiento automático del pago de capital e intereses correspondiente a la gestión 2020, de los préstamos u otras operaciones de deuda pública interna, otorgados o realizados con entidades del sector público, incluyendo empresas públicas”.

Para ese propósito, el BCB, las entidades de intermediación financiera bancaria y no bancaria, deberán convenir con los prestatarios del sector público, los términos para el pago de las cuotas diferidas.

Obliga a mantener las condiciones crediticias vigentes, al momento de la promulgación de la ley, sin contemplar intereses adicionales por el tiempo transcurrido, multas ni otro tipo de recargos.

Créditos a empresas públicas

En los últimos años, a través de leyes financiales, se autorizaron créditos del BCB, a favor de las empresas públicas por Bs 72.500 millones, a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Yacimientos de Litio Bolivia (YLB), la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) y la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH).

Según el Gobierno, de ese monto contratado, se desembolsó un total de Bs 39,9 mil millones al 31 de diciembre de 2019. Los recursos se destinaron a la industrialización de hidrocarburos, mayor generación de energía eléctrica a Sistema Interconectado Nacional (SIN) y proyectos de ciclos combinados, industrialización de recursos del salar de Uyuni. Además, fue para el proyecto segunda fase del desarrollo integral salmuera en el salar de Uyuni de YLB y la construcción y puesta en marcha de la planta de San Buenaventura, entre las más importantes.

Y mediante decretos supremos específicos, se asignaron créditos a empresas públicas, empresas con participación mayoritaria del Estado y entidades descentralizadas que cumplan los requisitos para la implementación y ejecución de distintos proyectos.

Entre ellos, la Planta de Cemento en Oruro y Potosí (Ebecol), la planta ensambladora de equipos de computación (Quipus), la empresa de transformación de fibra de camélidos en Kallutaca y la construcción y equipamiento del Ingenio 3000 TPD (Huanuni).

Se anotan también la implementación de una planta de envases de vidrio en Chuquisaca(Envibol), incentivo al desarrollo turístico a través de la mejora en la disponibilidad de una flota de aeronaves de Boliviana de Aviación (BoA), la planta siderúrgica de Mutún, entre los más importantes. Para esos proyectos, se autorizó un total de Bs 9.041 millones del Fondo para la Revolución Industrial y Productiva (Finpro). Hasta el 31 de diciembre de 2019, se desembolsó un total de Bs 6.610 millones.

Recursos del IDH

El proyecto de ley 685/2019 también autoriza de manera excepcional, a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), en la gestión 2020, el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en gastos de funcionamiento.

Las ETAs podrán utilizar “los recursos del IDH, acumulados o percibidos, para efectuar el pago de sueldos y salarios servicios básicos y otros gastos de funcionamiento, considerando el límite máximo de gasto establecido por norma”, establece el proyecto.