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Luego de casi tres meses de presentada la denuncia contra dos exejecutivos de la empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A.), el Ministerio Público de La Paz reactivó el proceso por presunto daño económico, cobro y retención de aportes a los trabajadores de la entidad estatal para supuestas campañas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Me apersoné a la Fiscalía para hacer una declaración en donde me ratifico en la denuncia sobre los aportes que denunciaron los trabajadores de Entel, que eran cobrados a través de una funcionaria (la profesional de contratos Jessica Montaño) y que seguramente, se desviaban para financiar alguna campaña. He hecho una declaración ante la Policía, en coordinación con el Ministerio Público”, manifestó el gerente de Entel, Eddy Luis Franco.

El ejecutivo evitó dar mayores detalles para no perjudicar las investigaciones que, según dijo, se reactivaron recientemente.

La denuncia

En diciembre de 2019, el exgerente de la empresa Elio Montes, ahora investigado por otras irregularidades, denunció a la Fiscalía al también exgerente de Entel, Óscar Coca, en la gestión del MAS, junto a Jessica Montaño.

En el Ministerio Público se conoció que los investigadores han reactivado el caso y hacen un seguimiento de los involucrados.

En diciembre, la Fiscalía había admitido la denuncia penal en contra de los exfuncionarios, por mal manejo económico de dicha empresa, además de otras ilegalidades, que acabaron con un presunto daño económico oneroso.

El Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, reveló hace tres meses, un daño económico de Bs 1.700 millones en Entel durante la administración de Coca y presentó una querella penal indicando que utilizó la empresa estatal, junto al MAS, como su ‘caja chica’.

Denunció también que el también exministro de Obras Públicas en la gestión de Evo Morales, había comprado un vehículo de lujo con dinero de Entel y también habría alquilado un ostentoso departamento en el vecino país del Perú.

Porcentaje mensual

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de Entel (Fesentel), Orlando Prado, manifestó que no se tiene cuantificado el daño económico al sector, pero que fue evidente el descuento que se hacía a los más de 1.000 servidores públicos de la entidad en todo el país.

“Cada regional enviaba a un responsable. Cobraban un 3% de los salarios de los trabajadores de forma mensual. Eso se hizo por lo menos en 10 meses del año pasado”, manifestó Prado.

Pero en 2017, los dirigentes de Fesentel de ese entonces, denunciaron que Óscar Coca había desatado una ‘persecución’ y ‘acoso laboral’ contra la dirigencia por haber pedido explicación sobre denuncias de supuesto tráfico de influencias y ganancias ilícitas de los dos funcionarios, además de dar otros nombres.

Las notas de preocupación sobre la empresa estatal a los Ministerios de la Presidencia, de Justicia y Transparencia Institucional y de Trabajo denunciando acoso laboral, no prosperaron en ese entonces, según las notas periodísticas de esas fechas.

A fines de febrero, Fesentel denunció al menos seis irregularidades ocurridas en la gestión de Coca y anunciaron que se mantendrán en emergencia hasta sancionar a los exfuncionarios.

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