Son responsables de hasta el 50% del negocio de la soya. Exigen libre exportación para poder vender sus granos

14 de diciembre de 2020, 12:41 PM
14 de diciembre de 2020, 12:41 PM

Los pequeños y medianos agricultores serán los más afectados por el retorno de la política de cupos a las exportaciones de productos no tradicionales, que retomó el presidente Luis Arce Catacora. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos. 

El dirigente señaló que en todo el departamento de Santa Cruz existen 90.000 pequeños y medianos productores que viven de la agricultura. De esta cantidad, un 75% (67.500) se dedica al cultivo de soya, uno de los granos más afectados por las restricciones. 

“Esto nos afecta porque no vamos a tener un flujo normal de la oferta y demanda de la soya. Con libre exportación podemos negociar mejores precios porque vienen compradores de Perú. Esto afecta a los pequeños productores porque no vendemos grandes volúmenes”, señaló. 

El dirigente afirmó que volver a los cupos significa retornar a los trámites que demoran más de 30 días hasta obtener los permisos. Dijo que una vez terminada la campaña pedirán una audiencia con las autoridades del sector.

“Si no hay exportación libre, nos afectarán mucho; no sé con quién habrá coordinado el Gobierno, porque solo un 30% de las exportaciones de los derivados de soya se queda en el país”, señaló el productor. 

Lamentó que no se tome en cuenta a su sector, que representa un 50% de toda la cadena productiva de la soya. Siendo los más afectados los productores de la zona Este, desde Cuatro Cañadas hasta el municipio de Ascensión de Guarayos, y la zona del Norte Integrado. 

La anterior semana el Gobierno decidió derogar el Decreto Supremo 4139 que quitaba una serie de restricciones para poder exportar productos derivados de la soya, carne de res y de pollo, que promulgó la expresidenta Jeanine Áñez. 

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, sostuvo que el Ejecutivo tomó esta medida porque el Decreto Supremo no garantizaba el abastecimiento interno, y había generado la inestabilidad en los precios. 

La abrogación de este decreto fue rechazada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que lamentó el retorno al sistema anterior de bandas de precios y cupos de abastecimiento para el mercado interno. 

La medida llega cuando el precio de la soya tuvo un alza extraordinaria con un costo en el mercando mundial de más 430 dólares la tonelada.