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Luego de una fiscalización de tierras en la Chiquitania, el Ministerio de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) revirtió las tierras de 12 asentamientos humanos por no cumplir los procesos legales. Son 500 personas las afectadas. Otras 12 comunidades están en revisión. Los campesinos de Santa Cruz anuncian una marcha desde Pailón (Santa Cruz) hasta La Paz, en rechazo a la medida.

“Se han realizado inspecciones técnicas en 24 comunidades. Se han anulado 12 asentamientos humanos; primero, porque las resoluciones fueron sin dictamen de la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz y se aplicaron en contra del plan de uso de suelo. Además, se verificó que la mayoría está abandonada, en alquiler o con cuidantes, cuando deberían estar produciendo”, manifestó la ministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco.

Las resoluciones anuladas pertenecen a las comunidades campesinas Los Tajibos, Nueva Israel, Los Sauces I y II, Che Guevara, Guayacán y El Trébol; además de la Comunidad Indígena Chiquitana Cañada Larga II; la Comunidad Campesina Agroganadera El Cardo; las comunidades campesinas agropecuarias Filadelfia, Monte San Miguel y II, que pertenecen al municipio de Pailón.

Para Capobianco, estos procedimientos irregulares eran puramente políticos. “Lo que hacían era entregarles un plano y que la gente vaya a buscar su tierra, sin ningún proyecto de vivienda, servicios básicos o de cómo iban a vivir o trabajar”, señaló, apuntando a las exautoridades agrarias del anterior Gobierno.

Poca transparencia

Mientras tanto, el experto en temática agraria Fernando Asturizaga, manifestó que, entre las irregularidades de la anterior gestión, está la poca transparencia en la distribución de tierras fiscales.

“Una carta de la Dirección departamental del INRA, al gobernador Rubén Costas afirmaba que la distribución de tierras era una potestad privativa del nivel central del Estado, justificando así, el arbitrio y discrecionalidad en las dotaciones, para no pasar por la comisión agraria a dar explicaciones sobre cómo se distribuía la tierra en Santa Cruz”, dijo Asturizaga.

Añadió que las exautoridades olvidaron que la competencia en el uso de suelo y el ordenamiento territorial es exclusiva de los gobiernos departamentales y que deben planificarse las dotaciones y asentamientos humanos.

Protesta en puerta

Campesinos rechazaron la medida y anuncian que presentarán una acción legal en contra de esa disposición. Las comunidades se preparan para una marcha regional que puede volverse nacional.

“Las comunidades están trabajando. La teoría de que no cumplen la función económico social (FES) no es verdad. Les vamos a demostrar lo contrario a través de un jerárquico penal y luego, seguramente, una acción constitucional como corresponde. Ninguna comunidad ha entrado de manera arbitraria. Que no estén trabajando en un 100%, es cierto. 

Pero les explicamos que es bastante precaria la situación para estar en las comunidades. Recién se han hecho caminos y se ha perforado pozos o llevan agua en cisternas. Ellos han visto la realidad, pero nos extraña que no hayan dicho toda la verdad”, sostuvo Adolfo León, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.

Henry León, secretario general de la Central Sindical Única de Trabajadores Indígena Originario Campesinos de Pailón, confirmó haber planteado un recurso de revocatoria, en defensa de las tierras otorgadas.

Adolfo León señaló que se ha invitado a Derechos Humanos para constituirse en las comunidades afectadas y vean “la vulneración de los derechos constitucionales”. Mañana se realizará un ampliado en Pailón, donde se decidirá el inicio de una marcha en defensa de la vida y la tierra.