Las cooperativas abiertas y cerradas se declaran en estado de emergencia. Un diputado presenta un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional

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15 de agosto de 2016, 21:08 PM
15 de agosto de 2016, 21:08 PM

Si usted es socio de Saguapac, CRE, Cotas, una cooperativa abierta o cerrada, deberá pagar a partir de la fecha 50 centavos de boliviano de manera mensual en cada entidad por una disposición gubernamental.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia el decreto supremo 2762 que instruye a todas las cooperativas realizar el cobro de una tasa de regulación mensual de 50 centavos a cada uno de sus socios, destinado al sostenimiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop). La medida es considerada un atentado para los bolsillos de la población y además genera el rechazo de las entidades financieras.

Informes del sector dan cuenta de que existen al menos unas 6.229 cooperativas que tendrían unos 2,5 millones de asociados en el país que pueden generar al menos Bs 15 millones anuales.
Las cooperativas Cotas y CRE ya incorporaron en sus facturas el cobro a sus asociados; Saguapac lo hará en septiembre.
La noticia es como un balde de agua fría para la población. El ejecutivo de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Omar Ribera, anunció el inicio de una huelga de hambre acompañada de movilizaciones a partir de mediados de esta semana con el objetivo de frenar la norma.

“Esto es un asalto a los bolsillos de la gente. Los que más vamos a sentir el peso somos los cruceños porque aquí está el grueso de las cooperativas, por lo tanto, tenemos que frenar esta disposición”, indicó.

Cooperativas de ahorro

El vicepresidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Santa Cruz (Fecacruz), Hoggier Hurtado, indicó que el movimiento cooperativo está en emergencia nacional por ser esta tasa de regulación un cobro ilegal y atentatorio a la economía individual de cada asociado.

Por su lado, los ejecutivos de las cooperativas abiertas Jesús Nazareno, Rolando Domínguez; de la San Martín de Porres, Javier Prieto; de La Merced, Juán Alarcón, y de la Fátima, Óscar Manuel Coronado, enviaron una carta a la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, en la que expresan su disconformidad con la aplicación de la normativa.

Argumentan que el decreto no especifica cómo se debe hacer efectivo el pago de la tasa por parte de los socios.

De igual forma, advierten que no aplicarán la norma mientras no cuenten con una documentación clara. Agregan que quieren evitar infracciones como la vulneración de los derechos de los consumidores financieros establecidos por la ley de servicios financieros y sus reglamentos.

En medio de esta situación, el diputado Óscar Urquizu presentó el fin de semana un Recurso Directo de Nulidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la mencionada normativa, que impone una contribución obligatoria de 50 centavos a los socios de cooperativas del país