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Con preocupación. Así ve Rodrigo Barrenechea, secretario general de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) la situación de las empresas de servicios petroleros. La crisis generada por la pandemia del coronavirus hizo que más del 50% de esas compañías reduzca su personal. En 2020, el 88,2% de estas sociedades reportó pérdidas por la suspensión de proyectos a raíz de la emergencia sanitaria.

 

_¿Cómo se encuentran las empresas de servicios?

Arrancamos el 2020 con los problemas anteriores. Pero ese año se vino la pandemia que causó una reducción en la demanda de los hidrocarburos a escala mundial. Eso llevó a una caída de los precios internacionales; y por ende, los proyectos se paralizaron.

Bolivia no fue la excepción. Y al final eso recayó sobre nuestras empresas, que son las compañías de servicios. Tuvimos un doble desafío: por un lado, mantener las operaciones que no debían parar, y tener que trabajar durante una cuarentena rígida y por otro, unos ingresos muy reducidos que por el tiempo que se fue prolongando, nos obligaron a reducir planillas y a recortar nuestras habilidades.

_¿Ven algunas señales de recuperación para este año, porque recientemente el Gobierno habló de modificar la Ley de Hidrocarburos?

El problema que tenemos (este año) es la falta de claridad en los proyectos que se vienen a corto plazo. Eso nos preocupa porque la cantidad de personal que tenemos y la especialidad que hemos construido, durante más de 20 años como cadena productiva, se está desarmando.

El personal que encuentra otras oportunidades está migrando a otros países. Hay empresas internacionales que están llevándose los equipos y eso es por la incertidumbre que hay en el país.

Hay anuncios de unos posibles cambios en la Ley de Hidrocarburos, al marco regulatorio y creemos que ahí está la solución. La verdad es que si no atraemos inversiones no habrá un futuro prometedor para nuestro sector.

Porque atraer inversiones, con nuestro actual marco regulatorio, es muy difícil. Y es muy difícil para el Gobierno, para el Ministerio y para YPFB lograr concretar esas inversiones si no se cambia el marco regulatorio que viene formándose en los últimos 16 años.

_En este contexto, ¿cuántas empresas se han visto afectadas, tanto por la desaceleración que se viene arrastrando desde 2014 y por la pandemia?

Hemos hecho unas encuestas para tomarle el pulso a nuestras empresas asociadas y vimos; por ejemplo, que ya en 2019 el 35% de nuestros asociados presentaba pérdidas. Pero en 2020 el 88,2% de nuestras asociadas sufrió pérdidas económicas. La crisis ya se veía, pero la pandemia aceleró estos malos resultados.

También observamos que muchas empresas, en el caso de las nacionales han cerrado, o han dejado de operar; en el caso de internacionales. Hay compañías grandes que llegaron para la construcción de ductos y plantas, el caso de Samsung, que ya no está operando en el país.

Existen empresas que, si bien no han cerrado, pusieron fin a líneas de servicio que no tienen oportunidades de trabajo. Es decir, no cerraron su razón social, pero desmovilizaron a sus trabajadores especializados y equipos.

Una vez que esto ocurre volver a movilizar estas maquinarias y personal es muy difícil.

Hemos visto que el 56% de las empresas ha tenido que realizar reducción en sus planillas que ha sido entre el 15 y el 88% en algunos casos. Y hemos tomado nota de que el 94% de nuestros asociados ha tenido proyectos que han sido suspendidos o postergados desde principios del año pasado, hasta esta parte de 2021.

_¿Cuál sería la solución de fondo a esta crisis?

Pensamos que la solución de fondo es que el país sea más competitivo para las inversiones en el sector de hidrocarburos. No tenemos que olvidarnos que las empresas internacionales tienen opciones de invertir en diferentes mercados y ellos comparan las facilidades que le brindan los otros países.

El actual marco regulatorio que tenemos es muy antiguo y fue creado en otro momento. La situación es distinta, ahora nuestros principales clientes tienen más reservas propias muy grandes. Actualmente, el gas se puede exportar muy fácilmente: eso no se podía hacer hace 20 años.

Entonces, debemos crear mejores condiciones tributarias, debemos generar mayor agilidad en los procesos y reducir la burocracia. Pero sobretodo debemos tener normas flexibles que permitan negociar mejores condiciones para los distintos campos que hay.

Por ejemplo, no es lo mismo un campo donde se va a iniciar la exploración a un campo maduro. Es distinto un gran campo, con gran potencial, donde se realizará una gran inversión versus campos pequeños donde quizás sea interesante para capitales bolivianos.

El marco actual que tenemos es fijo, no toma en cuenta las distintas aristas de cada situación. Por ende, no es el adecuado y no se aplica para todos los proyectos.

_¿Cuáles son los principales problemas que se deben atender rápidamente?

Nosotros pensamos que hay dos partes que se deben atender. Por un lado, está lo urgente que vendría a ser la producción de líquidos, porque si no vamos a seguir importando combustibles; eso es una salida de divisas importantes para el país.

Eso se puede solucionar actuando en la reactivación de los campos maduros; tomando esto como medida de corto plazo y de gran impacto, que a la vez puede reactivar al sector servicios.

En cuanto al gas, se deben tomar medidas a más largo plazo. Hay que incrementar las reservas, asegurar la producción y los mercados, pero eso se hace creando un país más competitivo.

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