Una familia que compró un lote a crédito en Santa Cruz denunció que el saldo pendiente de su contrato pasó de Bs 70.000 a Bs 110.000 tras la entrada en vigencia del nuevo régimen de dólar flexible. Como ese caso, cientos de compradores aseguran que las cuotas de sus terrenos fueron recalculadas e incrementaron entre 30% y 40% con el nuevo tipo de cambio oficial, una situación que ya derivó en cerca de 400 denuncias en el departamento cruceño que concentra el 95% de los reclamos registrados en el país.
“Estamos cerca de las 400 denuncias que han ingresado por la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, informó el titular de la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (DGDDUC), Walter Eduardo Quiroz a EL DEBER.
La autoridad explicó que la institución recibe las denuncias analiza los contratos y realiza entre cuatro y siete operativos diarios para verificar que las empresas inmobiliarias respeten las condiciones pactadas con los consumidores.
Ante el aumento de los reclamos, la Dirección de Defensa del Consumidor emitió un pronunciamiento el 15 de julio para aclarar que las empresas no pueden modificar de manera unilateral las condiciones pactadas cuando el contrato establecía el pago en dólares a un tipo de cambio fijo de Bs 6,96, antes de la Resolución Ministerial N°245.
La instancia señaló que cada situación será revisada de forma individual para buscar una solución entre ambas partes en los casos en que el contrato establezca que la obligación “esté expresamente vinculada a un tipo de cambio oficial determinado por el Banco Central”.
“Recibimos los contratos para saber si estaban con el tipo de cambio de 6,96 y, de acuerdo a eso, estamos haciendo que se respete y que se mantenga el contrato tal y cual como ha sido firmado, y no así que las inmobiliarias quieran poner de forma unilateral el tipo de cambio flexible”, sostuvo Quiroz.
Luego de la implementación del esquema de dólar flexible varias empresas que ofrecen bienes inmuebles a crédito y en divisa extranjera comenzaron a recalcular las cuotas pendientes. Para los compradores, esa modificación alteró de manera significativa la carga económica asumida.
Las protestas comenzaron en oficinas de las empresas ofertantes a partir del 30 de junio y se expresaron en marchas en Santa Cruz en los días siguientes.
“Hablan de que va a ser respetar el tipo de cambio oficial, pero están ganando más. Prácticamente a todos nosotros nos está afectando, nos están quitando del bolsillo un 30%, 40% más”, aseguró un comprador en una de las protestas en Montero.
Los manifestantes aseguraron que las empresas les ofrecieron ampliar nuevamente los plazos de financiamiento para reducir el impacto de las nuevas cuotas, aunque ello implica pagar más intereses y prolongar la deuda. “La solución de ellos es alargarnos nuevamente el plazo. Por ejemplo, si yo saqué mi lote para 10 años y ya pagué 5 años, me lo quieren volver a alargar a 10 años, aparte de que me van a cobrar al nuevo tipo de cambio”, señaló otro movilizado.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, Franz Rivero, subrayó que en algunos casos las empresas tienen automatizado el cálculo de los pagos mediante el sistema bancario. “Las cuotas que se incrementaron para venta de lotes a crédito o departamentos en preventa, las casas en preventa, en muchos casos cuando las empresas urbanizadoras tienen automatizado su pago y el cálculo se hace de forma automática en el banco”, explicó y recomendó negociar.
La Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor exhortó a los compradores que consideren vulnerados sus derechos a acudir a sus oficinas con la documentación para su revisión. Según explicó Quiroz, la entidad cuenta con un equipo de abogados y arquitectos que brinda asesoramiento técnico y jurídico, analiza cada caso y acompaña a los consumidores en las gestiones para exigir que se respeten las condiciones pactadas en los contratos. Además, mantiene habilitada la línea gratuita 800-10-1585.
Defensa del Consumidor pone bajo la lupa a notarios
por ventas de lotes sin certificado de clÁusulas no abusivas
En medio de las denuncias por el incremento de cuotas en la venta de bienes inmuebles a crédito y en dólares, la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor abrió un nuevo frente de fiscalización. La entidad solicitó un informe a la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU) para conocer por qué algunos notarios autorizaron operaciones inmobiliarias sin exigir el certificado obligatorio de cláusulas no abusivas, un requisito previsto en el Decreto Supremo N° 4732 para contratos de ventas futuras.
El titular de la Dirección de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Walter Quiroz, recordó que este certificado es obligatorio y tiene como finalidad verificar que los contratos inmobiliarios no incluyan disposiciones que vulneren los derechos de los consumidores.
“Por ejemplo, no puede haber cláusulas que digan que el usuario pueda perder el terreno, o cláusulas donde realmente abusen de la buena fe de cualquier otro detalle del usuario, estos son los contratos libres de cláusulas abusivas”, explicó Quiroz.