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El departamento de Santa Cruz es el que más crece en el país. Todos los datos oficiales demuestran que la región oriental concentra las mayores inversiones. No obstante, la mayoría de los ricos no está en suelo cruceño, sino en La Paz. Así lo refleja el primer reporte de recaudación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF).

De acuerdo al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de los Bs 159,3 millones que recaudó por el IGF, Bs 82,7 millones corresponden a los más adinerados de la sede de Gobierno, que representan el 51,9% del total recolectado.

Mientras que Santa Cruz tiene una recaudación de Bs 61,5 millones que representa el 38,6% con respecto al 100%.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019 Bolivia creció un 2,2%, pero Santa Cruz registró una expansión del 4,2%, pero en otros años, como en 2014, su crecimiento fue del 6,49%. Ese año, el PIB nominal del departamento fue de $us 12.185 millones, lo que representa un 33% del PIB nacional.

Mientras que La Paz aporta un 25% del PIB nacional, lo que equivale a $us 11.586 millones.

Según un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, denominado ‘Estado Productivo Económico del Departamento de La Paz’ la orientación de la economía paceña es hacia los servicios, siendo la actividad más importante la administración pública que en 2019, en términos corrientes, totalizó $us 2.280 millones, en segundo lugar, se encuentran los establecimientos financieros con $us 1.640 millones.

Pero más allá de estas cifras determinar a qué sectores o qué tipo de actividad realizan los millonarios paceños resulta complicado.

El artículo 14 de la Ley N° 1357 que crea el IGF, establece que “la información de los contribuyentes y terceros, en el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria de investigación, control, verificación y fiscalización, tendrá carácter reservado y sólo podrá ser utilizada para la determinación de oficio de este impuesto y no podrá ser cedida o comunicada a terceros, salvo orden de la autoridad competente”.

No obstante, expertos consultados explicaron que La Paz cuenta con más aportantes al IGF por tener sus bases de operaciones, desde hace años, en suelo paceño; donde se concentra el poder político del país.

Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, explicó que, desde la fundación del país, existen familias adineradas que vivían y siguen viviendo en La Paz.

Recordó que toda la oligarquía estableció sus bases de operaciones en la sede de Gobierno, pese que sus recursos eran invertidos en las regiones mineras del país como Oruro y Potosí.

En ese sentido, explicó que esa oligarquía sigue activa porque la administración estatal está en suelo paceño.

El especialista en finanzas, Jaime Dunn, recordó que ese departamento, y en especial la ciudad de La Paz, sigue siendo el centro financiero del país.

“Los grandes banqueros del sector financiero tienen negocios y viven en la ciudad de La Paz. Eso es algo tradicional”, dijo.

Dunn recordó que si bien Santa Cruz en la actualidad es la región que más crece, esa expansión recién se disparó en los últimos 20 años, mientras que La Paz concentraba el poder político y económico desde hace varias décadas.

Mientras el economista Napoleón Pacheco, coincide en que el mayor porcentaje de gente adinerada se debe a la fuerte presencia del Estado en La Paz. “La presencia del Estado es más fuerte por ser sede de Gobierno y a partir de ahí se puede comprender por qué hay más gente que haya pagado este impuesto”, explicó.

No obstante, observó que más allá de los pequeños emprendimientos no existen en La Paz, figuras empresariales, como en Santa Cruz, pero sí personas ligadas al comercio que tienen bastante éxito.

En tanto que Dunn cree que el dato puede ser engañoso. Dijo que si bien en La Paz se concentra el mayor porcentaje de personas que pagan este impuesto no quiere decir que en realidad sean las que más dinero generen.

El especialista detalló que el impuesto se cobró sobre los bienes y no así por las utilidades generadas. En este contexto, dedujo que quizás algunos contribuyentes estén pagando por los inmuebles o herencias que han recibido.

Además, aseguró que muchos empresarios tienen residencia en La Paz, pero realizan inversiones en Santa Cruz.

Otro factor que hace que La Paz aparezca como el hogar de los más ricos del país, según Dunn, es el hecho de que históricamente los valores de los inmuebles en esa región son más elevados.

“Puede haber muchas explicaciones, pero la información de los contribuyentes es reservada”, dijo.

Poca recaudación

Desde este 1 de abril Bolivia se sumó a la lista de países que cobran impuestos a las grandes fortunas. El nuevo tributo se cobró pese a las objeciones del sector empresarial, y a cuatro recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. Nada funcionó y de acuerdo a las Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), unas 182 personas se inscribieron para pagar.

En total, el fisco recaudó Bs 159,3 millones ($us 22,8 millones) por el Impuesto a las Grandes Fortunas. Pero la cifra puede llegar a más, dado que todavía pagarán 72 contribuyentes, por lo que la recaudación se proyecta en Bs 184,8 millones ($us 26,5 millones).

Este nuevo impuesto fue una promesa electoral del actual presidente, Luis Arce Catacora, que ejecutó una vez que ganó las elecciones. En concreto, planteó que el impuesto “generará más equilibrio y más equidad entre los contribuyentes”.

No obstante, según expertos consultados, lo recaudado es insignificante con relación a otros cobros que tiene previsto realizar el SIN este año.

Según las proyecciones de la entidad estatal, incluso por recuperación de mora tributaria el SIN tiene previsto captar Bs 350 millones. Es decir, Bs 165,2 millones más que el IGF.

Pero no solo esto, por realizar el control a Declaraciones Juradas (DDJJ) no pagadas o pagadas parcialmente, el ente recaudador que espera recolectar más de Bs 430 millones. Esto significa 245,2 millones más que el tributo a la riqueza.

Durante la gestión 2021, el fisco nacional tiene previsto recaudar Bs 25.810 millones. El IGF representa un 0,007% la meta estatal.

Pero entonces, ¿por qué cobrar un impuesto que poco aporte a las recaudaciones y ha generado que incluso empresarios efectúen procesos legales para frenarlos?

Los expertos consultados ven al factor político como el motivo para establecer este pago porque rentablemente no significa nada para las arcas del Estado.

Jorge Zogbi, especialista tributario, dijo que técnicamente no existe un argumento que sustente el nuevo impuesto.

“Las experiencias de su implementación resultaron difíciles y en Europa varios países lo eliminaron. Actualmente, solo subsiste en España, Noruega, Suiza y Bélgica; en tanto que en América Latina solo lo aplican Colombia, Uruguay y Argentina”, dijo.

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