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En la cuenta regresiva del congreso ordinario anual de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que elegirá al nuevo presidente -Reinaldo Díaz y Óscar Mario Justiniano compiten por el cargo-, se perfila una reñida elección y mientras subsectores afiliados a la organización productiva piden al vencedor unidad y compatibilizar las necesidades en un pacto productivo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua sustentó la pertinencia técnica y jurídica para la abrogación de los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348, vinculados con los organismos genéticamente modificados.

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), el gerente general Jaime Hernández, espera que la representación dirigencial que gane los comicios defienda al sector productivo y haga prevalecer las condiciones para continuar con el modelo productivo cruceño, motor de la economía.

Hernández cree que debe darse un ‘gran’ acuerdo productivo con el Gobierno en el que se privilegie la libre exportación, acceso a nuevos eventos de biotecnología, seguridad jurídica para las tierras productivas, lucha al contrabando de productos agropecuarios y retomar las gestiones para concretar Puerto Busch.

Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), alude que el principal reto para el ganador es mantener la unidad y compatibilizar las necesidades de los actores del sector agropecuario.

ADA demanda seguridad jurídica, acceso pleno a la tecnología, mercados para la oferta exportable agropecuaria, institucionalidad de servicios técnicos y créditos de fomento, tomando en cuenta la particularidad de cada uno de los subsectores.

A decir de Jesús Arce, presidente de la Federación de Productores de Algodón, el sector espera un directorio con capacidad de producir un cambio en beneficio de los productores, buscando armonía y crecimiento socioeconómico, además de políticas y programas de fortalecimiento.

El recientemente posesionado presidente de la Asociación Departamental de Porcinocultores (Adepor), Jorge Méndez, espera que los dirigentes que se hagan cargo de la CAO gestionen créditos, sea a través de la banca estatal o privada, para aliviarse del desastre económico que dejó la pandemia en las granjas porcinas.

En lo que hace a la adopción de biotecnología, días atrás, en un comunicado divulgado en la página oficial de Facebook del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sustentó “ante la Unidad de Políticas Económicas y Sociales (Udape) la pertinencia técnica y jurídica para abrogar los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348, vinculados con los organismos genéticamente modificados”. Fueron promulgados durante el Gobierno de transición de Jeanine Áñez.

Propuestas de candidatos

El actual presidente de la CAO, que busca la reelección, Reinaldo Díaz, trae ‘Manos a la obra’ en el que propone mejorar el acceso a la tierra con propiedad plena, para alcanzar la economía a escala y los volúmenes que permitan ser actores protagónicos en el comercio agropecuario internacional.

El plan también plantea promover el comercio global abriendo mercados donde sea conveniente para el productor y el país y liberar el potencial de innovación tecnológica agropecuaria para buscar competitividad. “Es hora de construir el ‘Agro Fuerte’ con trabajo y esfuerzo”, dijo Díaz.

La fórmula denominada ‘La fuerza que necesita el agro’ -postula a Óscar Mario Justiniano a la presidencia de la CAO- propone la modernización tecnológica e impulso a las exportaciones agropecuarias, fortalecimiento de los subsectores con tecnología, capacitaciones y nuevos servicios, seguro agrícola para el acceso a créditos productivos, promover la creación de la policía sanitaria y la Fundación para el Desarrollo Agropecuario (FPDA-Santa Cruz) como pilares en el Plan de Gestión Agropecuaria 2021- 2023.

En el desglose, hacen énfasis, en gestionar la liberación de nuevos eventos biotecnológicos para eliminar la brecha de productividad que separa a Bolivia con países de la región, apoyar a los productores para que logren la transformación digital y la agricultura de precisión, acceso de la oferta de alimentos a mercados internacionales protegiendo la libertad plena de exportación y gestionar políticas públicas dirigidas a mejorar la competitividad externa de la producción pecuaria y agrícola.






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