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Un 60% de la población (6,9 millones) cuenta con una alta cobertura de servicios financieros. Este dato se desprende del último informe sobre inclusión financiera realizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). El documento señala también que, a escala nacional, existen más de 12,3 millones cuentas de depósitos activas.

No obstante, el informe detalla que otro 20% de la población (2,2 millones) cuenta con una cobertura media, mientras otro 14% (1,5 millones) tiene un acceso bajo a los servicios de la banca. Por último, un 6% de la población (716.276) tiene una cobertura nula.

En cuestión de puntos de atención financiera, a escala nacional existen 7.078. De esta cantidad un 48,4% son cajeros automáticos y 51,6% son sucursales y agencias, distribuidas en los nueve departamentos del país.

Del total de puntos habilitados para atender al público, 6.236 se encuentran el área urbana y 842 en las diferentes áreas rurales del país.

En la cifra sobre los puntos de atención reflejan un crecimiento de 163,61%, con relación a 2010. En esa época en Bolivia solo existan 2.668 puntos de atención financiera.

Servicios.

En cuestión de servicios, según la ASFI en todo el sistema financiero existen más de 12,3 millones e cuentas de depósitos (ahorro y DPF) habilitadas en todo el territorio nacional. 

Por otro lado, en el sistema nacional existen 1,6 millones de personas que cuenta con créditos activos, lo representan al 27,6% de la población económicamente activa.

En esa línea, 5,2 millones de personas usan tarjeta de débito y otras 203.756 la de crédito.

El especialista, Germán Molina, dividió en dos fases el incremento de la inclusión financiera. La primera abarca del 2005 al 2013, cuando las tasas de interés de los bancos eran altas. Esto atrajo a varias personas, que no tenían la costumbre de ahorrar.

A esto se sumó el boom de las materias primas registrada entre 2006 y 2014. Esto hizo que varias empresas y personas, encuentren en la banca en un lugar seguro para sus recursos.

La segunda etapa se dio desde 2013, cuando se promulgó la Ley de Servicios Financieros que facilita el acceso a créditos a diferentes sectores, en especial en el segmento productivo y de vivienda social.

Esta política, según Molina, se ha mantenido pese a los diferentes conflictos sociales que ha vivido el país entre 2019 y 2020.

“Esta política va continuar incluso con el nuevo Gobierno. Porque es un proceso que viene dando desde los años 90, y va continuar”, señaló.