La batalla judicial entre Soboce y Fancesa, uno de los litigios empresariales más prolongados y costosos de Bolivia, sumó un nuevo capítulo. La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) rechazó el Auto Supremo N.° 1190/2026, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia volvió a ratificar la millonaria indemnización que debe pagar a la cementera chuquisaqueña, y anunció que agotará todas las instancias legales para revertir la decisión.
El proceso se originó por una demanda presentada por la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), que acusó a Soboce de haber provocado un perjuicio económico mediante la aplicación de una cláusula de no competencia que limitó su desarrollo comercial durante varios años. Tras una larga disputa judicial, los tribunales determinaron el pago de una indemnización que supera los Bs 744 millones, una decisión que desde entonces ha sido objeto de recursos ordinarios y constitucionales.
La controversia volvió a tomar fuerza luego de que el Tribunal Supremo emitiera un nuevo Auto Supremo en cumplimiento de una resolución de una Sala Constitucional de La Paz, que había dejado sin efecto el fallo anterior por vulneraciones al debido proceso. Sin embargo, para Soboce, la nueva resolución no corrige esas observaciones y "incumple flagrantemente" la tutela constitucional otorgada por la Justicia.
En un comunicado institucional, la empresa calificó el nuevo fallo de "arbitrario, contradictorio e incompatible con el derecho boliviano e internacional" y afirmó que fue emitido en un "clima de amedrentamiento" tanto en Chuquisaca como a escala nacional. Asimismo, anunció que activará todas las acciones jurisdiccionales y constitucionales disponibles para impugnar la decisión.
La compañía sostuvo además que la resolución no solo afecta sus derechos, sino que genera un precedente negativo para la seguridad jurídica y la inversión privada en Bolivia, al vulnerar —según su interpretación— los principios de certidumbre y proporcionalidad que deben regir el derecho empresarial.
Soboce también recordó que el Estado boliviano aún no le ha pagado la indemnización por la expropiación de sus acciones en Fancesa, dispuesta mediante el Decreto Supremo 0616 de 2010. Según la empresa, esa obligación supera actualmente los 290 millones de dólares, por lo que considera que el litigio promovido por Fancesa ha sido utilizado para dilatar ese pago.
El nuevo pronunciamiento se conoce días después de que autoridades de Chuquisaca celebraran la decisión del Tribunal Supremo y solicitaran incluso la revocatoria del fallo constitucional que favoreció a Soboce. Mientras ese debate continúa, la cementera ratificó que mantendrá su defensa "hasta las últimas instancias".