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Con la inminente aprobación de un nuevo bono — dado que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó una línea de crédito para financiarlo — el Gobierno de transición habrá gastado más de $us 1.000 millones en este tipo de beneficios.

Desde marzo, Bolivia se halla en estado de emergencia, debido a la presencia del coronavirus. La pandemia afectó a la economía como consecuencia de las medidas restrictivas que implementó el Gobierno para frenar la propagación de la enfermedad.

Entre las acciones implementadas está la cuarentena rígida; que paralizó casi todas las actividades económicas. Luego esta medida se flexibilizó a comienzos de junio.

Para contrarrestar la crisis económica el Gobierno de Jeanine Áñez, creó tres bonos: el Familia (de Bs 500), Canasta Familiar (Bs 450), y Universal (Bs 500).

En abril, el Ministerio de Economía informó que estos beneficios costarán al Estado una inversión de Bs 3.500 millones ( $us 502,8 millones). A la fecha, según esta cartera de Estado se hicieron más de 11 millones de pagos.

Luego de realizar la entrega de estos recursos, el Gobierno anunció un nuevo beneficio, de Bs 500, al que nombró bono Salud. Sin embargo, su entrega iba a estar sujeta a la aprobación de dos líneas de créditos que la Asamblea se rehusaba a aprobar, al considerar que los préstamos no cumplían algunas normas.

En respuesta, el candidato por el Movimiento al Socialismo; Luis Arce Catacora, dijo que su bancada aprobaría un bono de Bs 1.000, al que llamó Bono Contra el Hambre.

En este contexto, el miércoles la Asamblea aprobó en grande y en detalle, estas líneas de créditos que ascienden $us 704 millones. De esta cantidad, el congreso anticipó que $us 550 millones ( Bs 3.828 millones) se usarían para pagar este beneficio.

En respuesta, a través de sus redes sociales, la presidente Áñez, sostuvo que no importa cómo se llame el beneficio y que su gestión lo pagará.

La propuesta del Órgano Ejecutivo contempla que el nuevo bono se entregue a todos los beneficiarios del bono Universal, que llegó a mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y jóvenes que no tienen un ingreso salarial de instancias privadas o públicas.