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Después de que el senador Óscar Ortiz (UD) y candidato presidencial por Bolivia dice No acusara a la empresa Sproule y al Ministerio de Hidrocarburos de faltar a la verdad al presentar cifras ‘sobrevaloradas’ sobre las reservas de gas de Bolivia, la consultora canadiense anunció que asumirá acciones legales por el daño irreparable a la reputación de la compañía.

Afirman que su trayectoria se respalda en 65 años de experiencia en certificaciones de reservas, caracterización de yacimientos, asesoría estratégica y gestión de activos energéticos en más de 50 países.

La certificadora explica que las reservas fueron estimadas para cada campo y que se crearon pronósticos de producción para cada pozo.

“La metodología usada fue dictada por la madurez de la producción de cada campo. Sproule utilizó la información técnica y económica provista por los operadores del upstream, tanto públicos como privados que operan en Bolivia”, detallan. La conclusión -de acuerdo con Sproule– se sustenta en un trabajo técnico realizado a lo largo de cinco meses (de abril a agosto de 2018), y que se adhirió a las definiciones de la metodología de evaluación y certificación de reservas establecida por el PRMS (el estándar internacional de estimación de reservas y recursos de hidrocarburos).

Así, la consultora ratifica la validez de la certificación de reservas del 31 de diciembre de 2017 que estima que Bolivia tenía, a esa fecha, 10,7 TCF de reservas probadas totales; 12,5 TCF de reservas probadas más probables (mejor estimado) y 14,7 TCF de reservas probadas más probables más posibles de gas.

En la otra vereda 

Ortiz aseguró que su denuncia está basada en la certificación de reservas de gas de esta empresa que el Gobierno del MAS tiene escondida, analizada por expertos independientes, y que demuestra que Sproule no puede certificar 10,7 TCF de reservas. “Por eso he presentado una solicitud a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos para que investigue el contrato, su adjudicación y sus resultados.

YPFB, en lugar de esconderse detrás de una empresa canadiense, que me manda a amenazar con juicio, aquí estoy como senador, respaldado por la Constitución, realizando un acto de fiscalización y le exijo al presidente de YPFB que dé la cara, que haga público el informe de certificación, y que le diga al pueblo boliviano cuál es la verdad”, puntualizó el legislador. Según Ortiz, la copia del informe que recibió sobre certificación de reservas menciona 5,6 TCF como reservas probadas en producción, y 3,4 TCF de reservas probadas no desarrolladas o en no producción.

“La experiencia entre 2013 y 2017 y la certificación es que muy pocas reservas no desarrolladas mencionadas se volvieron en probadas. Sumadas las reservas se llega a 9 TCF y de forma inexplicable crece a 10,7 TCF”, manifestó. Exteriorizó que “las reservas probadas totales declaradas en el informe de Sproule son de 10,7 TCF, las que están sobrevaloradas ya que solamente alcanzan a los 5,58 TCF”, indicó Ortiz.

Lectura oficial

Desde la estatal YPFB, su gerente de Regulación y Despacho, Luis Alberto Poma, negó una supuesta sobrevaluación de reservas hidrocarburíferas y afirmó que la certificación permitió trazar una ruta de exploración y explotación traducida en 15 contratos petroleros con una inversión de $us 6.900 millones.

“El resultado del trabajo de Sproule en Bolivia da la garantía de que el país cuenta con 10,7 TCF en todos sus reservorios, y puede suministrar gas a los mercados de Argentina, Brasil, el mercado interno, además de otros mercados”, resaltó. Al ser consultado si YPFB tomará una acción en contra de Ortiz, el ejecutivo de la estatal dijo que “lo que YPFB tiene que hacer es comunicar el trabajo que está desarrollando, encontrar y reponer reservas”

 

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