Argentina, que ocupó por algunos años el segundo lugar con un elevado riesgo país, al 14 de enero de 2025 había bajado al cuarto lugar, con un riesgo país de 579 puntos básicos, calculado a través del índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) del banco estadounidense J.P. Morgan. Por tercer mes consecutivo -desde noviembre-, ese segundo lugar lo ocupa Bolivia, esta vez con 2.111 puntos básicos, detrás de Venezuela, que lidera el ranking con un nivel extraordinario de 23.459 puntos.
El riesgo país es un parámetro utilizado para medir la confianza de los inversores en las economías de los mercados emergentes. Representa la prima de riesgo que los mercados exigen a los países por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. “Un puntaje elevado implica mayores dificultades para acceder al crédito internacional en condiciones favorables”, se explicó en el portal Infobae.
Argentina, históricamente asociada con problemas de deuda externa, ocupa el cuarto lugar en el ranking. Este valor lo ubica detrás de Ecuador, que registra 1.061 puntos, pero por encima del promedio de América Latina, estimado en 424 puntos básicos.
Utilizado desde principios de los 90, este valor sirve para conocer el nivel de peligro que representa prestarle dinero a gobiernos o empresas privadas de diferentes partes del mundo. En este contexto, si una nación presenta una elevada cifra de este indicador, poseerá una peor clasificación y la tasa de interés que los deudores o potenciales emisores de deuda deberán pagar por sus créditos en los mercados internacionales será más alta.
En tanto, el riesgo país también sirve como referencia para inversores y bancos comerciales, quienes con esta cifra podrán guiarse al momento de prestar dinero y conocer cuál es la probabilidad de que el emisor del crédito caiga en default.
Los economistas acusan al elevado déficit fiscal manejado por el Gobierno boliviano y a la permanente caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), como los principales indicadores para la calificación de JP Morgan. Así también se considera a la inseguridad jurídica, la caída de la producción de hidrocarburos, además de la creciente inflación, escasez de dólares y pérdida del empleo formal.