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La distribución de los recursos generados por la actividad hidrocarburífera en el campo Margarita-Huacaya genera un nuevo conflicto interdepartamental, esta vez entre Tarija y Chuquisaca. ¿El motivo? La Gobernación tarijeña asegura que dejaron de percibir $us 400 millones por la redistribución de las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) debido a que no se tomaron en cuenta los límites interdepartamentales.

Freddy Castrillo, secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, indicó que a las arcas de la Gobernación dejaron de ingresar $us 400 millones, entre regalías e IDH, por el factor de distribución con Chuquisaca por el campo Margarita-Huacaya, aplicado por YPFB, sin tener una demarcación de límites departamentales.

Castrillo remarcó que ese monto (abril 2012 hasta mediados de 2018) corresponde a los ingresos generados por la explotación del área hidrocarburífera, situada en las provincias tarijeñas O’Connor y Gran Chaco.

Se pudo saber que en la Gobernación tarijeña se analizan las acciones legales a ser interpuestas en defensa del interés departamental por haberse generado una afectación y daño económico.

Adrián Oliva, gobernador de Tarija, atribuyó esta responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que transfirió regalías petroleras sin cumplir con los procedimientos legales.

Oliva precisó que se vulneró la normativa legal al distribuir los ingresos del bloque Caipipendi, donde se encuentra Margarita-Huacaya, por lo que anticipó el inicio de acciones legales contra la estatal YPFB por este caso, que, a su criterio, implica perder millones de dólares desde que se comparten regalías con Chuquisaca en función al estudio de distribución de la consultora Gaffney and Cline.

El gobernador sustentó su malestar después de recibir un informe del Instituto Geográfico Militar (IGM), emitido el 24 de septiembre, donde expresamente en su parte conclusiva indica: “Que revisada toda la documentación de la sección de archivos se pudo evidenciar que no se realizó trabajo alguno de la demarcación de límites departamentales”.

El secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, indicó que uno de los requisitos obligatorios es contar con límites geográficos departamentales, tal como establece el artículo 7 del reglamento de campos compartidos y precisó que se contradice al artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos, que establece que “en el caso en que un reservorio sea compartido por dos o más departamentos, las regalías serán abonadas proporcionalmente a sus reservas, proyectando verticalmente el límite o límites departamentales al techo de cada reservorio productor”.

Peralta lamentó que no se haya cumplido con los requisitos obligatorios, al igual que se hizo con el caso del conflicto del campo Incahuasi, entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, tomando como base los límites departamentales.

Estado de emergencia

La reacción del Comité Cívico de Tarija no se dejó esperar con la declaratoria de estado de emergencia y conminó a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y Brigada Parlamentaria, liderada por militantes del MAS, a pronunciarse en defensa de los intereses del departamento.

El presidente del movimiento cívico, Juan Carlos Ramos, dijo que se exige al Ministerio de Hidrocarburos y a YPFB la restitución de los ingresos por regalías e IDH ilegalmente confiscados a favor de Chuquisaca.

Desde el Comité Pro Intereses de Chuquisaca (Codeinca) existe preocupación por el reciente informe desvelado desde Tarija.

“Preocupa esta situación, ya en una reunión anterior en Sucre hemos analizado el tema y hace poco hemos sacado un pronunciamiento para que la Gobernación y el Gobierno central, como se hizo con Incahuasi, trabajen en el tema de límites con Tarija. ya tuvimos problemas con Santa Cruz”, declaró el vicepresidente de la entidad, Roberto Banderas.

Se consultó el tema a YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos, pero se negaron a pronunciarse.

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