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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha recibido cuatro recursos contra la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y tenía cinco días para pronunciarse. Sin embargo, no ha brindado respuesta desde el 29 de enero a la fecha. Sobre este tema, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) afirma que solo cumple la ley.

El TCP recibió cuatro recursos, dos de acción abstracta de inconstitucionalidad y dos de conflicto de competencias contra el IGF, presentados por parlamentarios de oposición cruceños y los alcaldes de Portachuelo y de Cotoca.

De acuerdo a ley, el TCP tiene cinco días para decidir si admite o no el recurso (los rechazan normalmente por defectos de forma), pero hasta ahora la comisión de admisiones del TCP no respondió en más de dos meses, probablemente porque saben que si admiten el recurso ponen en suspenso el cobro del IGF, según las fuentes consultadas por EL DEBER.

Entre los demandantes está la senadora Centa Reck, de la alianza Creemos, que ha presentado dos acciones de inconstitucionalidad ante el TCP sobre el tributo mencionado. Anotó que es evidente que la creación de este impuesto tiene un carácter ideológico-político, más que de reactivación económica. En consecuencia, considera que el mismo es inconstitucional.

El 29 de enero, presentaron ante el TCP un recurso de institucionalidad en contra de la Ley 1357, que impone el IGF; sin embargo, afirmó que aún no conocen una respuesta de la instancia.

“Frente al plazo para el registro y pago del impuesto, que vence hoy, es evidente que el TCP está siendo manipulado y controlado, ya que hasta la fecha no se tiene ni siquiera el respectivo auto de admisión; entendiendo que el impuesto es inconstitucional pero el TCP no sabe qué hacer”, insinuó.

Lamentó la falta de independencia en los órganos de poder del Estado, la retardación de justicia en asuntos de tanta importancia para la sociedad. “Es inaceptable”, dijo y llamó a la reflexión al TCP y pidió que cumpla con los plazos.

Sobre los recursos presentados al TCP, el presidente del SIN, Mario Cazón, dijo que en tanto no se resuelva en el Tribunal Constitucional, el IGF es constitucional y continúa vigente, “por tanto el Servicio de Impuestos Nacionales aplica la ley”, precisó.

¿Doble tributación?

Los recursos planteados por los alcaldes de Portachuelo y Cotoca son por conflicto de competencias entre el IGF y la jurisdicción municipal. Aducen que hay doble tributación. Al final, puede implicar un cambio en los impuestos municipales si algún municipio decidiera, por ejemplo, usar valores comerciales y no catastrales.

Sobre este tema, desde el Ministerio de Economía indicaron que para evitar la doble imposición de la medida, para la efectivización del IGF imputarán a cuenta el importe pagado por el impuesto aplicable a la propiedad de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro; así también como el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.



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