Territorios en llamas, ven que el crimen organizado se infiltra en la disputa por tierras en el oriente del país

Las cosas se han salido de control. Estancias quemadas, chantajes, robo de maquinaria, robo de cultivos, despojo y hasta muertos. Lo que antes era una demanda por un pedazo de tierra por parte de sectores marginados, ahora se ha transformado en un negocio lucrativo en el que el crimen organizado se ha incrustado. Los hechos así lo demuestran. Y pese a las decenas de denuncias, la demanda de justicia, tanto de productores como de comunidades indígenas, no encuentra eco.

Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, explica que uno de los orígenes del problema es la introducción de autorizaciones provisionales de asentamientos por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Estas autorizaciones, que no están respaldadas por la ley de tierras ni la Constitución, han sido utilizadas de manera discrecional, permitiendo la ocupación de tierras sin un proceso formal y transparente de selección de beneficiarios. Esta falta de claridad y control ha llevado a abusos y a un incremento en los avasallamientos.

Otro factor agravante es la normativa que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas por cabeza, lo cual ha incentivado la deforestación y el desmonte ilegal en áreas que deberían ser protegidas. Este desmonte no solo destruye el medioambiente, sino que también consolida la ocupación ilegal de tierras.

Legalización de lo ilegal

Colque subraya que una de las señales más preocupantes fue la legalización de asentamientos irregulares mediante la reducción de más de 200.000 hectáreas de tierras en el área protegida de El Choré. Este movimiento, según el investigador, no solo legalizó ocupaciones ilegales, sino que también abrió la puerta a más desmonte y tráfico de tierras, exacerbando la crisis.

Para él, la solución pasa por la suspender las normativas que permiten los asentamientos provisionales y la deforestación. 

“El Gobierno, en lugar de buscar soluciones, parece estar incentivando estas prácticas, legitimando la toma de tierras mediante su posterior legalización”, afirmó.

El avance de estos avasallamientos ha tenido graves consecuencias ambientales, incluyendo la degradación de áreas protegidas y reservas forestales, así como la destrucción de la biodiversidad.

Recordó que en lo que va del año, casi dos millones de hectáreas han sido afectadas por incendios en el departamento de Santa Cruz, una cifra que correlaciona directamente con las prácticas ilegales de desmonte y quema para consolidar la toma de tierras.

“No es casual que este año tengamos cerca de dos millones de hectáreas de superficie quemadas en el departamento de Santa Cruz,” señala.

Además, comunidades indígenas, como las de la TCO Monteverde y Guarayos, han sido particularmente afectadas por estas invasiones, donde incluso se ha reportado la venta ilegal de tierras por parte de sus propios dirigentes, aseguró.

 Organizaciones criminales

Álvaro La Torre, abogado y exfiscal conoce de cerca este tema. Su trabajo lo ha llevado a auxiliar a varios propietarios que han sufrido el avasallamiento de tierras. Para la figura es bastante clara. Detrás de todo está el crimen organizado.

Una muestra es el resiente avasallamiento del predio Santa María, predio de la empresa Jihusa Agropecuaria y Servicios S.A. El hecho ocurrió el 22 de agosto. Los avasalladores ingresaron de firma violenta robando maquinaria y 1.000 toneladas de caña. En medio del acto violento, según La Torre, los invasores se identificaban como representantes de organizaciones sociales afines al gobierno, como los interculturales.

Este hecho, según La Torre, demuestra que las tomas han pasado de ser simples ocupaciones ilegales a convertirse en operaciones altamente organizadas que incluyen robos sofisticados y violencia.

 Infiltración

Uno de los factores críticos que contribuyen a esta escalada, según el abogado, es la infiltración de los avasalladores en las organizaciones sociales. Asegura que estos individuos han logrado posicionarse como dirigentes en organizaciones clave, lo que les ha permitido operar con impunidad.

Según Latorre, el Gobierno actúa de manera reactiva y no cuenta con una política criminal sólida para enfrentar este problema. Esto se refleja en la falta de resultados efectivos, como condenas y de buenas investigaciones.

Observó la falta de recursos y de un grupo especializado dentro del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno para abordar estos delitos. En su opinión, el Estado debe contar con un equipo dedicado a la investigación de avasallamientos, con la logística y los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas y rápidas.

Además, el exfiscal sostuvo que hay individuos adinerados que financian a los avasalladores para ocupar tierras de alta calidad. Estos financiadores suelen ser propietarios de tierras que venden parcelas a precios elevados y que, a su vez, contactan a los avasalladores para tomar posesión de nuevas propiedades.

Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra, sostiene que habían alertado sobre el problema hace varios años, cuando comenzaron a surgir casos de avasallamientos con un grado de violencia inusitado. Estos casos, que se centraban en tierras fiscales o de comunidades, se han diversificado a tierras en litigio o en proceso de saneamiento, donde la falta de claridad en los derechos de propiedad ofrece oportunidades para la ocupación ilegal.

Según Chumacero, la falta de voluntad política y la ineficiencia de instituciones clave, como el INRA, contribuyen a una situación donde los avasalladores actúan con impunidad. Y la creciente demanda de tierras agrava la crisis.

Para abordar esta situación, Chumacero sugiere que se requiere una voluntad política significativa y reformas estructurales en el sistema. Esto incluye mejorar la capacidad institucional para enfrentar los avasallamientos, garantizar la seguridad jurídica y transparentar la información sobre derechos de propiedad.

En una entrevista con Influyentes de EL DEBER Radio, el director nacional Eulogio Núñez, sostuvo que cuando Arce llegó al poder, el país había alcanzado un 86% de regularización a nivel nacional en los últimos 24 años, y la meta establecida por el actual mandatario es llegar al 100% para el año 2025.

Durante el gobierno de Arce, se ha avanzado del 86% al 93% en la regularización de tierras, lo que representa 7,3 millones de hectáreas con seguridad jurídica en los nueve departamentos del país. En este periodo, se han entregado 207.593 títulos de propiedad, principalmente a pequeños productores, comunidades y Territorios Comunitarios de Origen (TCO). Ahora, el proceso entra en una nueva fase enfocada en la mediana propiedad y la empresarial, aunque se enfrenta a desafíos financieros.

Asimismo, reveló que el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es crucial para continuar con el saneamiento, que  se ha visto interrumpido. El Gobierno ha solicitado un nuevo financiamiento de $us 40 millones para concluir los procesos.

Al ser consultado sobre los últimos avasallamientos que afectan a predios productivos de Santa Cruz, dijo que una vez que los terrenos están saneados, cualquier disputa relacionada con ellos pasa a los tribunales agroambientales, que son los encargados de dictar sentencia.

La autoridad explicó que la regularización no solo implica el saneamiento y la titulación de los predios, sino también su inscripción en Derechos Reales, lo que confiere seguridad jurídica a los propietarios. “Desde ese momento, su predio tiene seguridad jurídica y se puede defender ante cualquier hecho de avasallamiento, tráfico de tierras u otra situación adversa”, afirmó Núñez.

En cuanto a logros específicos, Núñez detalló que en los departamentos de Pando, Potosí, Oruro, Cochabamba y Tarija ya se ha concluido el saneamiento, mientras que en Santa Cruz se ha alcanzado un 95% de saneamiento.