La crisis política y social que atraviesa Bolivia llegó a las páginas de The Economist, una de las publicaciones más influyentes del mundo en materia económica y política. En un artículo dedicado a los bloqueos que mantienen cercada a La Paz desde hace un mes, el semanario británico describe un país atrapado entre el deterioro económico, la presión de las protestas y los riesgos que implica una eventual intervención estatal para desbloquear las carreteras.
Bajo el título Peasant Power (El poder campesino), la revista sostiene que los manifestantes han logrado controlar los accesos a la sede de gobierno durante semanas y que su principal demanda es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El artículo retrata una situación de creciente deterioro económico y social. Señala que el precio de los alimentos frescos se ha duplicado, que las estaciones de servicio se quedaron sin combustible, que empresas comenzaron a cerrar y que hospitales enfrentan dificultades para acceder a insumos esenciales como oxígeno.
Para The Economist, el origen de la crisis actual se encuentra en la herencia económica recibida por el nuevo gobierno. La publicación recuerda que Paz llegó al poder hace siete meses tras poner fin a casi dos décadas de predominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), una fuerza política que, según el semanario, fue castigada por los votantes debido a la inflación, la escasez de combustibles y el deterioro económico acumulado durante los últimos años.
Sin embargo, la revista observa que muchos de los problemas que impulsaron el cambio político continúan vigentes. Señala que sectores que apoyaron la candidatura de Paz hoy expresan frustración por la falta de resultados y consideran que sus demandas no han sido atendidas.
Uno de los aspectos centrales del análisis es la fortaleza organizativa de los sectores movilizados. El semanario destaca que los bloqueos están impulsados por organizaciones sindicales, federaciones campesinas y grupos afines al expresidente Evo Morales. También subraya que esta forma de protesta constituye una tradición política profundamente arraigada en Bolivia y que sus dirigentes han desarrollado mecanismos que les permiten sostener las medidas de presión durante largos periodos.
La publicación considera que el margen de maniobra del Gobierno es reducido. Advierte que eventuales concesiones políticas o económicas podrían generar rechazo en las clases medias urbanas, mientras que incrementos salariales o mayores gastos públicos podrían profundizar los desequilibrios fiscales y alimentar nuevas presiones inflacionarias.
Por ello, The Economist resume el desafío que enfrenta el Gobierno con una frase contundente atribuida al economista Gonzalo Chávez: “El dilema es entre inflación y gobernabilidad”.
La revista también advierte sobre los riesgos de una salida coercitiva. Recuerda que los intentos de despejar bloqueos mediante el uso de la fuerza tienen antecedentes traumáticos en Bolivia, particularmente los sucesos de octubre de 2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que derivaron en decenas de muertos y precipitaron la caída del entonces mandatario.
En ese contexto, el semanario concluye que el presidente enfrenta una decisión extremadamente delicada. Si negocia, corre el riesgo de debilitar su programa de gobierno y profundizar los desequilibrios económicos. Si opta por una acción más contundente para restablecer el tránsito, podría desencadenar una escalada de conflictividad social con consecuencias imprevisibles.
La mirada de The Economist refleja la preocupación internacional por una crisis que ya no se limita al escenario político boliviano. Para la publicación británica, el conflicto actual se ha convertido en una prueba decisiva para la estabilidad económica, la gobernabilidad democrática y la capacidad del Estado para mantener el control territorial en uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.