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La dirigencia del transporte pesado internacional está en contra de la aprobación de una nueva ley de aministía para vehículos indocumentados, luego de que se anunciara el martes un proyecto que se presentará en la Asamblea Legislativa.

Los transportistas consideran que se trataría de una medida de "total imprudencia e insensatez", tomando en cuenta la crisis sanitaria que provoca la presencia del Covid-19 en Bolivia, según explicó Juan Yujra, secretario ejecutivo de la Federación de Transporte Pesado Internacional Regional Santa Cruz.

Como se recordará, la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Concepción Ortiz, presentó a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados el proyecto de ley excepcional de saneamiento legal de vehículos automotores y otras mercancías indocumentadas.

A decir de la proyectista, con esta norma se busca generar las condiciones para que aquellos poseedores de vehículos internados de manera ilegal puedan acogerse a la regularización y con los ingresos recaudados el Estado genere liquidez para combatir la crisis sanitaria derivada de la pandemia.

Sin embargo, el dirigente mencionó que, para legalizar los 50.000 vehículos indocumentados, que se estima podrían acogerse a esta disposición legal, no se cuenta con una Aduana institucionalizada, porque se han efectuado designaciones de las más altas autoridades jerárquicas, sin considerar criterios de meritocracia, profesionalismo y ética.

Asimismo, observa que no se podría manejar un proceso de nacionalización en plena crisis, desde los tiempos de registro de los citados vehículos, hasta el plazo de despacho de importación que podrían acogerse. En este sentido, recordó que en el caso de la Ley de Amnistía del 2011, fueron 90 días posteriores a los 15 días iniciales al plazo de registro concedido a los propietarios. 

"Al tratarse de un Gobierno de transición, no alcanzan los tiempos para ejecutar esta medida. Deberían dedicarse al único objetivo por el que están en la administración; es decir, convocar a elecciones y garantizar que el proceso se cumpla con estrictas normas de bioseguridad", precisó Yujra.

El sector del transporte pesado observa que la nacionalización podría obstaculizar las ya precarias condiciones del despacho de mercancías en las aduanas del país, que dada la vigencia de regímenes restrictivos al despacho de mercancías de carácter comercial, exclusivamente a las aduanas interiores y de fronteras, tienen actualmente una excesiva concentración de carga en sus recintos que provocan un alto congestionamiento de la misma y una demora excesiva en los tiempos de despacho aduanero. 

Otra de las preocupaciones del sector son los riesgos de contagio que podría generar todo el movimiento que se llevaría a cabo para implementar las legalizaciones de los aproximadamente 50.000 vehículos.

No obstante, el dirigente no descarta la idea de una posible amnistía. Yujra considera que este tipo de medidas tiene que ser considerado necesariamente por el próximo Gobierno democráticamente electo en las urnas, dentro de un conjunto de acciones legales y normativas que tengan un efecto integral de rescatar los principios de facilitación, transparencia y apoyo al comercio exterior, y por ende la economía del país.