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Si bien el Senado sancionó el proyecto de ley de un nuevo diferimiento del pago de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre de este año, el transporte departamental federado de Santa Cruz demanda al Gobierno central la puesta en marcha de la normativa, aduciendo una fuerte presión debido a que no pueden cumplir con el pago de deudas. De no ser atendidos, advierten con iniciar medidas de presión.

El presidente de la Línea 10 y hombre cercano al bloque de transporte urbano (Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo y zona sur), Mario Guerrero, señaló que los transportistas no pueden cubrir sus costos operativos debido a las restricciones latentes dadas por la cuarentena.

De acuerdo con Guerrero, son más de 100 días en que los trabajadores del sector no perciben ingresos y, si bien volvieron a operar desde julio, solo el 40% de las unidades de micros están en las calles y estas solo suben a un máximo de 12 pasajeros.

No obstante,  desde el lunes los micros podrán operar con el 80% de su capacidad, según la nueva instructiva de las autoridades de la Alcaldía cruceña.

"Estamos trabajando a pérdida, sin ganancias y es por eso la preocupación. No tenemos con qué pagar los créditos, somos muchos los afectados", lamentó Guerrero.

Por su parte, Bismarck Daza, secretario general de la Federación Transportistas 16 de noviembre, sostuvo que, en caso de no promulgarse la ley, iniciarán marchas y no descartan el bloqueo de vías y carreteras.

"Queremos que promulguen la ley porque los bancos ya nos están ejecutando y hay mucha preocupación. Hay gente que está en la quiebra y necesitamos ser escuchados de alguna manera", manifestó Daza.

Actualmente, el transporte federado aglutina a sindicatos y asociaciones de cinco bloques de transporte, lo que representa cerca de 14.000 transportistas a escala departamental.