Tras insinuar legalización del puente clandestino, Montaño dice que instó a la Gobernación a “reparar el daño ambiental”

Después de plantear que la Gobernación de Santa Cruz haga lo necesario para legalizar un puente construido de forma irregular sobre el río Parapetí, en Charagua, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, salió este sábado a aclarar que nunca planteó lo que expresó delante de cámaras de televisión que llegaron a la zona para cubrir una inspección técnica a la obra clandestina.

La revista Nómadas reveló la construcción ilegal de un puente de acero y concreto dentro de la comunidad Cuarirenda, ubicada en Charagua, por parte de una colonia menonita. El medio denunció que la obra se emplazó en el ingreso de dos áreas protegidas: el parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (Anmi) Kaa Iya y los Bañados del Isoso, que son un sitio RAMSAR, de prioridad internacional.

Hasta la fecha, según el reporte, por la construcción de estas obras (puente y carretera) se han perdido 3.000 hectáreas de bosques. Una vez hecha la denuncia, las autoridades de los tres niveles del Estado se acusan mutuamente y se amenazan con procesos.

En este escenario, el pasado jueves, el ministro Montaño llegó hasta la comunidad donde está el puente para realizar una inspección técnica junto a personal especializado de su despacho y de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). En esta visita, indígenas afines al partido de Gobierno pidieron a la autoridad legalizar esta obra, ante la falta de accesos a la comunidad.

Ante este pedido la autoridad dijo que la única forma de normalizar la situación es mediante la realización de un manifiesto ambiental, que necesariamente debía ser concretado por la Gobernación cruceña.

“Como no hay licencia ambiental, se debe realizar un manifiesto ambiental. Entonces, es como decía el capitán comunal; hagan lo que sea necesario para que sea legal. Pero no hemos visto ninguna acción del gobernador o de su Secretaría de Medioambiente para realizar este manifiesto ambiental”, señaló la autoridad.

Incluso dijo que protegería a los dirigentes, que avalaron la construcción del proyecto irregular después de que la Gobernación los denunciara penalmente.

Luego señaló que el espacio, donde se edificó el puente, es un sitio Ramsar,  protegido por ser considerado cuna de diversidad biológica, es decir, entornos más productivos del mundo y refugio de varias especies de flora y fauna.

La autoridad dijo que el principal responsable es la Gobernación de Santa Cruz, por incumplir sus deberes respecto a la fiscalización y control, trabajo que está bajo tuición de esta entidad. 

“La  Gobernación no ha realizado ninguna acción, lo vuelvo a ratificar y lo vuelvo a aclarar, la responsable es la Gobernación cruceña por no haber realizado actos administrativos y técnicos, no solamente durante la construcción, sino después; no hay ni un solo técnico de la Gobernación o de la Secretaria de Medio Ambiente que esté haciendo un solo acto para reparar estos daños, a eso me refiero cuando en mis declaraciones he dicho: reparar el daño del medioambiente”, aseguró Montaño.

Explicó que el puente construido sobre el río Parapetí no tiene estudios hidrológicos ni topográficos, no cuenta con cálculo estructural ni con un cronograma de mantenimiento, por lo tanto, hay un daño al medioambiente que debe reparar la Gobernación de Santa Cruz.

Montaño sostuvo que es decisión de las autoridades cruceñas el destino del puente, toda vez que se trata de competencias netamente departamentales.

“Quiero aclarar que aquí no somos responsables nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda o nuestro Gobierno, es responsabilidad de la Gobernación, ellos deben decidir qué es lo que va a suceder sobre este tema”, dijo.

Finalmente, el ministro Montaño manifestó que los desmontes tuvieron lugar en la gestión de Jeanine Áñez y eran de conocimiento de la Gobernación de Santa Cruz. No obstante, el actual Gobierno no realizó ningún acto para reparar el daño causado.