Tras la denuncia de asentamientos ilegales, interculturales advierten que “harán respetar a sus afiliados que están en la Chiquitania”
El sector asegura que no se dejará "chantajear" y acusó a los empresarios y extranjeros de acaparar la tierra en Santa Cruz. Rechazan la conformación de la Comisión Agraria Departamental
Crece la tensión por la tenencia de la tierra en Santa Cruz. Los interculturales cerraron filas y anunciaron este viernes que defenderán a sus afiliados, que están asentados en la Chiquitania. Varias autoridades de la zona y cívicos acusaron a esta organización de fomentar la toma ilegal de tierras.
Con esta postura el sector sale a responder al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que en la víspera llamó a las instituciones cruceñas a defender los predios que fueron tomados de forma ilegal en la Chiquitania. Incluso, la autoridad anunció los preparativos para convocar a la Comisión Agraria Departamental.
"Nosotros, como institución, no vamos a permitir que haya chantaje a nuestra familia intercultural (...). Haremos respetar a nuestros afiliados que están asentado en la Chiquitania", señaló Óscar Castro, ejecutivo de la Federación de Interculturales de la Chiquitania, en una conferencia de prensa.
El dirigente fue más radical y exigió la dotación de 50 hectáreas por familia en los predios en conflicto. Además, advirtió: "Nosotros estamos organizando un grupo de defensa y no nos dejaremos, aunque tengamos que morir".
El dirigente cree que su sector no ha sido beneficiado con dotación de tierra fiscal y que los predios en sus manos no superan el 16% de la superficie. "Quienes acapararon la tierra en Santa Cruz son los empresarios privados y extranjeros. Son latifundistas", acusó.
Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el sector intercultural y campesino posee el 28% de la tierra saneada. Esto equivale a 24,8 millones de hectáreas.
Sobre las denuncias de toma ilegal de predios sostuvo que su sector cumplió con todas las normas y leyes. Es más, afirmó que si existe alguna observación será la justicia la debe responder. "La justicia debe verificar quiénes son los que 'avasallan'; la justicia debe juzgar. Y el INRA debe hacer respetar la tierra fiscal", dijo.
No obstante, reconoció que algunos de sus compañeros "pueden estar ocupando tierras ilegales en otros lugares".
Ya más calmado y bajando el tono exaltado, afirmó que su llamado a la defensa no busca generar enfrentamiento con la población cruceña. “Queremos ser claros. No estamos llamando a la violencia, sino al contrario. Vamos a pelear por la unidad de todos los bolivianos y bolivianas”, sostuvo.
Hasta la fecha, son cuatro los municipios chiquitanos que denunciaron públicamente las ocupaciones ilegales de tierra por parte de comunidades que ocupan sus predios fiscales o áreas protegidas de forma indiscriminada.
