Tras un proceso similar fallido, el Gobierno instruye el rastreo satelital de cisternas que transportan combustibles

El Gobierno determinó que los camiones cisternas que transporten combustibles deberán contar con un sistema de posicionamiento global (GPS) para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realice el seguimiento de esos vehículos. Esta medida ya se instruyó en 2012, pero no logró completarse y se terminó de desechar en 2018.

 “La ANH debe realizar el registro y monitoreo de las cisternas que retiren y transporten gasolinas y/o diésel, autorizadas por la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), desde las plantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos y/o estaciones de servicios de combustibles líquidos hasta el destino final”, indica el Decreto Supremo 4910, aprobado el 12 de abril pasado.

En junio de 2012, el entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Gary Medrano, anunció que se había empezado la instalación gratuita de equipos GPS en los cisternas, para evitar el desvío de los diésel y gasolina al contrabando.

Según transportistas que pidieron la reserva de su nombre, se dio curso a este proceso a través de una normativa que indicaba que la ANH se hacía responsable de la instalación, mantenimiento y reposición de los dispositivos GPS, aunque tiempo después la reguladora comenzó a obligar a los dueños de esos vehículos a que paguen la reposición de esos equipos y a que se haga el mantenimiento de los mismos con una sola empresa. Si no se cumplía con el mantenimiento, se les restringía la compra de combustible a través del sistema B-SISA.

Los conductores estaban de acuerdo con el control, pero no con cubrir el costo que ello implicaba, por lo que, amparados en la misma resolución de la reguladora, lograron que se abrogue esa obligación.

En ese primer intento del proyecto de rastreo satelital, “se instaló esos equipos casi en un 60% de las unidades. Luego, el proceso se frenó sin ninguna explicación. Desde entonces, no se han instalado más GPS hasta hace cuatro meses, cuando se inició una prueba piloto para voluntarios en La Paz y Cochabamba”, contó uno de los choferes.

El Decreto 4910 establece que, para el monitoreo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, “las cisternas deben contar, como requisito, con un equipo de posicionamiento global, cuyas características y registro serán reglamentadas" por la reguladora. “El sistema de monitoreo será asumido por la ANH”. agrega.

A horas de la aprobación de esta norma, las autoridades del nivel central informaron de un operativo que muestra que el desvío de decenas de miles de litros de diésel y gasolina en cisternas ocurre en el país.

A través de la investigación, información de inteligencia y dispositivos GPS “se han podido interceptar dos cisternas que estaban siendo desviadas al contrabando”, informó el viernes pasado el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez. “Se ha podido incautar 48.000 litros que se van a destinar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”, precisó.

Los camiones, cada uno con capacidad de 24.000 litros, estaban en un predio cercano a la planta de almacenaje de la petrolera estatal en Senkata (El Alto). En ese predio, se encontraron además 10 tanques de almacenaje de entre 5.000 y 10.000 litros, 30 turriles de 200 litros, 12 turriles de 120 litros y todo lo necesario para sacar el combustible de la cisterna a recipientes más pequeños.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen aprehendió a tres personas y “está haciendo las investigaciones correspondientes”, dijo el director de la ANH, institución que se querellará contra los detenidos por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y por almacenaje ilegal.

Una de las cisternas tenía como destino la estación de servicio León, que es de propiedad privada y está ubicada en Yucumo (Beni). El tanque de este camión estaba vació y se presume que el contenido ya fue desviado al contrabando. La otra cisterna tenía aún los 24.000 litros de combustible y tenía como destino un surtidor de El Alto.

Este operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre la ANH y el Comando Estratégico Operacional (CEO).

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo el viernes pasado que se hará un control riguroso a las cisternas, al transporte de combustibles que realizan, a los surtidores y la venta que se lleva a cabo en estos puntos de aprovisionamiento, particularmente a los bidoneros, “quienes al parecer acopian el diésel y gasolina”.

Fuentes del sector que pidieron la reserva de su nombre pusieron en duda el papel de las instituciones reguladoras estatales en estos casos, ya que el transporte de diésel y gasolina es muy controlado.

Primero, el productor que requiere de grandes volúmenes de combustible, ya sea para el agro o la minería, debe solicitar a la Dirección General de Sustancias Controladas y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos los permisos para la adquisición de los carburantes en surtidores o en plantas de almacenaje.

En esa solicitud se debe justificar en qué actividad y en qué maquinaria se usarán determinados volúmenes de diésel o gasolina, lo que debe ser corroborado con inspecciones in situ a la unidad productiva solicitante.

Una vez otorgados esos permisos, los compradores contratan un camión cisterna que por su lado debe también solicitar una hoja de ruta a la DGSC y tramitar una autorización de compra en YPFB Comercial.

Con los permisos, facturas y boletas de despacho, las cisternas se dirigen a las plantas de YPFB Logística, donde se verifica que toda la documentación esté correcta. Si existe algún error en los papeles, la petrolera estatal rechaza la carga de combustible.

En los surtidores, igualmente, para realizar la compra, las cisternas presentan la hoja de ruta de la DGSC, la autorización de la ANH y la factura de pago a YPFB.

“Pero en Bolivia todo se puede solucionar de distintas maneras. Hay cooperativas mineras fantasma, por ejemplo, que no tienen ni una carretilla, pero tiene cupos elevados (de combustible). Ahí hay que ver qué está fallando en la DGSC y la ANH”, sostuvo una de las fuentes.

"El problema no está en nosotros. El sector recoge el producto con documentación y lo lleva hasta donde dice la hoja de ruta. Si está saliendo combustible sin documentos de Yacimientos, no somos nosotros los culpables. Debe haber alguien más que da la orden", cuestionó uno de los conductores.