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El Tribunal Agroambiental de Sucre, luego del sorteo del magistrado relator, será el encargado de analizar la demanda económica que se le realiza a Petrobras por un monto de $us 61,5 millones.

En la audiencia de fundamentación, realizada ayer (24 de mayo), los magistrados escucharon a las partes y ahora le corresponde fallar al Tribunal Agroambiental, que tiene un plazo de 30 días para hacerlo.

El caso

En primera instancia y en cumplimiento a un fallo judicial del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos  (Tarija), a cargo de Verónica Hesse de los Ríos, la empresa Petrobras deberá pagar $us 61,5 millones  a una familia por el uso de los terrenos con una vocación de Función Económica Social (FES), donde está ubicado el pozo hidrocarburífero de San Alberto.

El fallo fue revisado el lunes (24 de mayo) en una Sala del Tribunal Agroambiental, dentro de un recurso de casación interpuesto por Petrobras, que alega que el demandante no habría demostrado el derecho de posesión de la tierra y la FES.

La petrolera brasileña espera que, en el tiempo más breve posible, el Tribunal Agroambiental revoque la sentencia de la jueza agroambiental de Entre Ríos que ordenó el pago de $us 61,5 millones a un demandante particular que alega tener el derecho propietario sobre un predio de 544 hectáreas donde se encuentra el pozo San Alberto.

En la audiencia de fundamentación del recurso de casación planteado por Petrobras para pedir la nulidad de ese fallo, no se presentó la parte demandante, sí lo hizo el Ministerio de Hidrocarburos y las operadoras socias de Petrobras en dicho pozo: Total, que tiene 15% de participación, y YPFB Andina, el 50%.

El demandando

Fernando Calvo, abogado de Petrobras Bolivia, dijo que la sentencia que condena al pago de alrededor de $us 100 millones, no guarda ningún parámetro con la realidad, porque los demandantes no demostraron la posesión del lugar y tampoco acreditaron la FES.

El letrado sostuvo que el interés de los demandantes es alzarse con un botín económico magnífico, sin ningún tipo de derecho, en perjuicio de los bolivianos.

Calvo dijo que una resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) establece que los dueños de este predio son las comunidades campesinas, a quienes Petrobras ya les pagó por utilizar las 544 hectáreas.

También hizo notar que la jueza no citó dentro de este proceso a las comunidades campesinas, que, por lo tanto, no pudieron dar su versión, y se sujetó a la resolución de un título emitido hace 50 años.

Calvo sostuvo que van a pedir al Tribunal Agroambiental que se pronuncie a la brevedad con un fallo, ante el riesgo de que se genere un perjuicio mayor a la actividad hidrocarburífera por la medida cautelar decretada de una retención de fondos.

Remarcó que se pedirá que se adelante el sorteo de esta causa y se resuelva lo antes posible, porque a su criterio, el tema es de necesidad y utilidad pública y de carácter económico para el Estado boliviano.

Los demandantes

Alberto Baldiviezo Vacaflor , que no asistió a la audiencia de fundamentación, de acuerdo con Correo del Sur, rechazó que esa deuda sea asumida por YPFB y que se afecte la explotación hidrocarburífera en la zona.

Baldiviezo aclaró el fallo del tribunal agroambiental de Entre Ríos se encuentra apegado a la Ley y a la Constitución Política del Estado y que, al tratarse de una demanda entre particulares, las obligaciones contractuales asumidas por Petrobras Bolivia S.A. no afectan a Yacimientos ni al Estado.

El demandante también defiende el derecho propietario de María del Rosario Vacaflor Lahore indicando que la propiedad “Campo Grande-San Alberto”, además de una escritura de 1955, cuenta con un título ejecutorial 452649 del 9 de septiembre de 1971, que tiene el consentimiento del INRA en un informe fechado el 28 de enero de 2021.

Según el litigante, es falso y erróneo que existan derechos de terceros registrados en libros de las comunidades reconocidos por la entonces Prefectura de Tarija, que, en su criterio, no es competente para avalar el derecho propietario.

También resaltó que Petrobras conoció de la demanda de pago por uso de propiedad el 4 de agosto de 2014, pero no puso en conocimiento de YPFB, dentro de un plazo límite, tal como establece una cláusula de “costos recuperables”, por lo que Baldiviezo sostuvo que esto libera a la estatal petrolera boliviana de asumir alguna carga y de pagar el monto de la querella.

Según El País, Petrobras Bolivia S.A. es la operadora del pozo petrolífero – gasífero San Alberto, ubicado en el municipio Caraparí, región de Gran Chaco de Tarija, y tiene como socios a la Total Bolivia S.A. y Andina S.A. (propiedad de YPFB). 

Desde este pozo se realizan las mayores exportaciones de gas a Brasil y también al mercado interno.

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