La demanda interpuesta por la empresa estadounidense Duron LLC, es por supuestos por daños y perjuicios, relacionado con un contrato de compra de trigo transgénico de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos

11 de octubre de 2024, 16:01 PM
11 de octubre de 2024, 16:01 PM

El Tribunal de Apelación de la Asociación del Comercio de Granos y Alimentos (Gafta, por su sigla en inglés), con sede en Londres, ratificó el laudo inicial y desestimó la demanda de la empresa estadounidense Duron LLC (Duron) en contra de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por más de $us 8 millones, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).

Para la Procuraduría lo determinado por la Gafta es resultado es “una victoria significativa que reafirma el compromiso de defensa de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y sus instituciones”.

La demanda

El conflicto surgió tras un supuesto incumplimiento contractual alegado por Duron en relación a un contrato por parte de Emapa para la compra de 30.000 toneladas de trigo.

El contrato fue firmado durante el gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020), según informó, en 2021, el entonces gerente general de Emapa, Marvin Pereira.

Este detalló que el acuerdo fue suscrito por el exgerente general de Emapa, Eduardo Wilde Jordán, en julio de 2020 por la compra de 30.000 toneladas de grano de trigo transgénico por un monto de $us 7,3 millones.

Duron LLC inició el arbitraje internacional ante un tribunal de Londres de la Asociación de Productores de Trigo, por incumplimiento del contrato.

El 22 de diciembre de 2022, el Tribunal Arbitral dictó el laudo final que rechazó las demandas de Duron, una decisión que fue apelada por la compañía en marzo de 2023 ante el tribunal de la GAFTA.

El reciente fallo del Tribunal de Apelación, emitido el 3 de octubre de 2024, ratificó el Laudo Final al desestimar nuevamente todas las pretensiones de Duron, confirmando así la solidez de la defensa estatal liderada por la PGE. Además, el tribunal ordenó que Duron cubriera los costos administrativos del proceso de apelación”, detallaron desde la PGE.