El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó el recurso de Bolivia para anular el laudo arbitral que obliga al Estado a pagar $us 105 millones al banco español BBVA por la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones. Con este fallo se cierra la última instancia judicial internacional y se ratifica la sentencia emitida en 2022.
La decisión pone fin a una controversia que se arrastra por más de una década y que se originó tras la reforma del sistema de pensiones en 2010, cuando el Estado asumió la administración de los fondos que hasta entonces estaba en manos de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas.
El pago de esta indemnización representa una carga adicional para el Estado y se convierte en un desafío para la actual administración de Rodrigo Paz, que advirtió en diciembre de 2025 sobre el riesgo de perder arbitrajes vinculados al sistema de pensiones por hasta $us 171 millones, incluyendo otro proceso con Futuro de Bolivia.
“No solo se les debe a los abogados del exterior varios millones de dólares, sino que estamos a punto de perder con una de las empresas 94 millones de dólares y con otra 77 millones de dólares”, afirmó Paz en el segundo mes de su mandato.
Aunque la nacionalización de la administración del fondo de pensiones implicó un cambio estructural, el conflicto no se centró en la decisión en sí, sino en cómo se ejecutó la transición.
El exprocurador José María Cabrera explicó que el proceso para el traspaso de los fondos estuvo marcado por retrasos prolongados e incertidumbre jurídica, en un contexto en el que las AFP continuaron prestando el servicio durante años debido a la postergación de funcionamiento de la Gestora Pública.
“Esta es la gran paradoja de que se nacionaliza, pero se obliga a las AFPs, que son entidades privadas, a continuar prestando el servicio de manera indefinida, porque permanentemente ampliaban vía Decreto supremo el traspaso definitivo a la Gestora Pública, y todo esto generó obviamente el conflicto, el anuncio de arbitraje, la tramitación del arbitraje y pasó todo el tiempo, todos los plazos administrativos vencieron y el gobierno de Evo Morales y de Luis Arce causaron un daño tremendo al Estado boliviano”, explicó.
Esa situación derivó en que BBVA acuda en 2018 a un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que en 2022 falló a su favor. El tribunal determinó que Bolivia incumplió estándares de trato a la inversión extranjera y fijó una indemnización de $us 94,8 millones, más intereses, elevando el monto a aproximadamente $us 105 millones.
El monto final contrasta con los $us 15 millones que inicialmente reclamaba el banco en 2010, cifra que fue rechazada por el Estado boliviano, que incluso llegó a plantear una contrapropuesta de $us 500.000.
El tribunal arbitral también desestimó la intención del Estado boliviano de trasladar al banco la responsabilidad por un stock de deuda en aportes no cobrados, lo que terminó incrementando el costo del litigio.
La ratificación del laudo se produce en un contexto complejo para Bolivia, marcado por la escasez de divisas. Cabrera cuestionó que los Gobiernos pasados no buscaran una solución negociada a tiempo, que en su opinión pudo reducir el impacto económico.
Bolivia enfrentó al menos 15 arbitrajes internacionales de inversión desde 2009, de los cuales cuatro concluyeron con laudos adversos que suman obligaciones por cerca de $us 396 millones, sin contar los intereses.