Ana María Morales, directora de la Unidad, explicó que el objetivo de la norma, la cual ha sido proyectada junto con el Ministerio de Economía y participación de varias entidades del Estado, es adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales

3 de octubre de 2021, 12:18 PM
3 de octubre de 2021, 12:18 PM

Ana María Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en Bolivia TV, se refirió a la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y explicó que el objetivo de la norma, proyectada junto con el Ministerio de Economía y la participación de varias entidades del Estado, es adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales.

Para Morales, es necesario esa adecuación porque existe una dispersión normativa en el país por la promulgación de varias leyes que han establecido un panorama confuso y es necesario revisar diversos tipos de resoluciones modificatorias para determinar la legitimación de ganancias ilícitas.  

La legitimación de ganancias ilícitas es un delito que va mutando sus formas de operar, ya que las organizaciones criminales, cuando identifican sectores que se están controlando más que otros, recurren a inventar nuevas formas y hasta utilizar herramientas tecnológicas para cometer delitos, advirtió la funcionaria.

Morales descartó que la norma afecte a gremiales, transportistas, periodistas u otros actores económicos, y que convierta a la UIF en entidad que realice labores judiciales. De igual manera, aseguró que la norma no vulnera la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional o la libertad de expresión.

El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 218/2021 promovido por el Órgano Ejecutivo. Actualmente se está tratado en la Cámara de Senadores.

Entidades como Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cainco, piden la suspensión del tratamiento del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores involucrados, “a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado”.