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El impacto de la cuarentena rígida deja cifras adversas que se reflejan en la fase de posconfinamiento de 2020. 

De acuerdo con varias encuestas y análisis realizados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), a decir del gerente de la organización, Gustavo Jáuregui, se estima que un 50% de las empresas del país llegaron a reactivarse. Aduce que el turismo y los subsectores (hotelería, gastronomía, operadores turísticos y agencias de viajes) no pudieron recuperarse, a causa de la naturaleza misma de su operación y la falta de atención del Gobierno en la implementación de medidas efectivas para ese sector.

El ejecutivo explicó que muchas de las actividades económicas en el país pararon temporalmente su operación, cesaron sus actividades o cambiaron el giro de las mismas. Anotó que es muy difícil establecer un número exacto que determine con certeza el número de empresas cerradas a raíz de la pandemia por el Covid-19.

Sin embargo, Jáuregui detalló indicadores que coadyuvan a inferir los efectos negativos de la emergencia sanitaria sobre el sector empresarial formal del país. Citó, por ejemplo, que la base empresarial vigente en Bolivia a diciembre 2020 está en alrededor de las 330.000 empresas, de las que poco más de 100.000, o sea el 30%, están activas formalmente.

En 2020, según Jáuregui, se inscribieron alrededor de 21% menos de empresas formales en el país respecto a 2019. Representa aproximadamente 3.500 compañías.

En dicho periodo dijo que han actualizado sus matrículas mercantiles menos el 3% de empresas formales del país respecto a 2019, lo que representa al menos 2.200 empresas. Además, reveló que unas 5.000 empresas cancelaron su matrícula mercantil en 2020, cifra que representa un 10% menos comparada con la pasada gestión.

Con todo ese panorama adverso, Jáuregui recalcó la importancia de generar un adecuado clima de negocios en Bolivia, que permita en la presente etapa de crisis brindar las condiciones necesarias para la sostenibilidad de las empresas y emprendimientos, preservar las fuentes de empleo, las contribuciones al Estado y atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras que permitirían lograr un mayor desarrollo económico y social.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, también pintó efectos desfavorables. Estimó que la cuarentena impactó negativamente en el 80% de las empresas, cuyo golpe trascendió en la reducción de las ventas en más de un 50%. Insinuó que el 70% no cuentan con financiamiento propio o alternativo para su recuperación y varios sectores reportan escenarios de alta gravedad.

Mencionó que un estudio realizado a mediados de 2020 por la CEPB, con el apoyo de la Oficina de Actividades para Empleadores de la OIT, refleja que el 18% de las empresas consultadas en el país temen cerrar sus operaciones. El 43% son micro y pequeñas empresas.

Según Barbery, las perspectivas de crecimiento de las firmas para este año son favorables solo para tres de cada 10 empresas en La Paz y Cochabamba y dos de cada 10 en Santa Cruz. Más del 90% considera que la presente gestión no será propicia para la inversión y más del 60% de las empresas creen que no podrán crecer o mejorar su situación en año en curso.

En el ámbito económico, Barbery precisó que el sector de manera urgente necesita que desde el Estado inyecten recursos a la economía, de modo que se pueda dinamizar la demanda, disminuir la presión impositiva y fortalecer las medidas para proteger el empleo.

Impactos en las industrias

Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el presidente Ibo Blazicevic, refirió que el impacto de la cuarentena rígida y posterior flexibilización de medidas fue mayor en las denominadas industrias no esenciales (metalmecánica, productos de construcción, textiles, muebles, bebidas) que experimentaron una tasa de contracción de su PIB mayor al 18%.

Blazicevic hizo notar que los factores específicos que condicionan la recuperación del sector están relacionados con las medidas de cuarentena que imponen cada uno de los municipios en Bolivia, lo que limita la producción, circulación y consumo de bienes industriales ‘Hecho en Bolivia’, como también de la mano fabril, materia prima e insumos industriales.

Aludió que el creciente contrabando, la falta de un fondo de garantías y créditos estatales para las empresas, la ausencia de incentivos tributarios, la inflexibilidad laboral, la continuidad de pagos a la seguridad social limitan la recuperación del sector.

Según Blazicevic, el impacto del costo laboral (sueldos y salarios) por dos meses de cuarentena rígida e inactividad en el 80% de las industrias representó $us 105 millones. Las ventas no realizadas en el sector, por los 60 días de cuarentena rígida, alcanzaron a $us 524 millones. Las pérdidas del sector industrial a septiembre de 2020 llegaron a $us 51 millones producto del coronavirus.

Tejido económico

En el sector de servicios la situación también es delicada. A decir del presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, Fernando Medina, el repunte del sector en la fase pospandemia fue paulatino llegando a diciembre con una venta de alrededor del 70%, con respecto a igual periodo de 2019

Según Medina, la primera ola de la pandemia del Covid-19 derivó en la disminución de entre 4un 40 y el 50% de las fuentes laborales en el sector, el cierre de un 30% de empresas, el retraso en pago de deudas impositivas (SIN, AFP, CNS), a proveedores y salarios a los trabajadores.

Entre otros temas que condicionan la recuperación del sector, Medina citó la pandemia, cuya sicosis dijo que limita que muchas personas dejen de invertir y dinamizar la economía. La restricción de horarios es otro factor determinante que afecta a los negocios que trabajan por la noche. Reflejan una caída del 70% de sus ingresos.

Tras trascendidos de una eventual cuarentena rígida, desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), el presidente Fernando Hurtado, cree que una nueva medida como la mencionada no resolverá el problema, sino debilitará aún más la ya frágil situación de la economía familiar y la sobrevivencia del tejido económico que forman hogares y empresas.

Recordó que en los dos meses de cuarentena rígida -abril y mayo de 2020-, unas 700.000 personas quedaron sin empleo. “Tuvieron que cerrar miles de negocios. Los ingresos del país cayeran un 70% respecto a su nivel anterior. Hasta ahora las pérdidas no han podido ser compensados”, dijoHurtado.

El presidente del Sector Privado de Turismo de Bolivia (Septur), Marco Mercado, refirió que se registra un mínimo porcentaje de reactivación puesto que las empresas de turismo, no solo dependen de la venta de paquetes de turismo interno, sino también de la apertura y restricciones de las fronteras en otros países, según la evolución de la pandemia de Covid-19.

Habla que la primera ola de la enfermedad impactó en el cierre temporal y definitivo de empresas del sector. Reveló que varios empresarios del sector vendieron sus bienes para pagar a sus empleados y, en otros casos, migraron a otra actividad económica.

El presidente de la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas (ANIV), Luis Pablo Granier, manifestó que el canal de venta de botella abierta que son restaurantes, bares, hoteles y otros negocios representa un 30% de la venta total. “Este sector ha sido y está siendo tremendamente afectado por la pandemia. En ese sentido, las ventas en el sector han sido muy por debajo a las del año anterior”, dijo.

Construcción, en descenso

Desde la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), el presidente Luis Bustillo, sostuvo que es difícil dar un dato promedio de cuántas empresas reiniciaron sus actividades o el porcentaje global, lo cierto es que la reactivación del sector es difícil en esta época, y no solo por la pandemia. Aludió que el comportamiento de la construcción muestra un fuerte deterioro debido a la baja ejecución de la inversión pública a octubre de 2020, aún cuando la construcción privada muestra una leve recuperación.

Bustillo afirmó que urge un plan de reactivación del sector que involucre la cancelación de todas las deudas del Gobierno y las entidades territoriales subnacionales a las constructoras y cuyo monto alcanzan los Bs 2.000 millones. “Si se hiciera efectivo el pago, las empresas podrían reactivarse y contratar personal profesional, técnico y mano de obra para dar continuidad a la ejecución de las obras. No olvidemos que esta situación sumada a la pandemia ha generado más de 250.000 personas desempleadas en el sector”, anotó.

La falta de pago de planillas de avance de obras que se arrastran de gestiones pasadas, a decir de Bustillos, hicieron que algunas empresas opten por cancelar sus matrículas por la situación económica insostenible. Con datos del Registro de Comercio -Fundempresa- el 28% actualizó su matrícula a noviembre de 2020, “dato que indica que la construcción está en descenso”, dijo Bustillos.

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