Un tercio de los municipios merman en población y las necesidades crecen

Casi un tercio de los municipios han decrecido en población, debido a la migración del área rural a los centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida. Esto acarrea una serie de dificultades para las economías de las alcaldías, que además recibirán menos recursos de coparticipación tributaria (RCT) y de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

Según un análisis de la Fundación Jubileo sobre los resultados del último censo, en comparación con el Censo 2012 -sobre una base de 338 municipios de ese año-, 92 han disminuido en población, 245 aumentan, solo uno la mantiene; mientras que 171 verán disminuidos sus RCT y 167 aumentarían.

Para el economista Darío Monasterio, esto significa que estas entidades están reduciendo su viabilidad como municipios porque no les permite proveer los bienes y servicios públicos esenciales como educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana, entre otros. “Y eso a su vez también afecta a que haya una menor demanda de productos, de alimentos, de servicios, de lo que fuese y también expulsa a las empresas que buscan dónde haya demanda e ingresos para poder ofrecer sus bienes y servicios”, indicó Monasterio.

Esta migración, según el economista se traslada a las regiones metropolitanas de La Paz, Cochabamba y, principalmente, a Santa Cruz.

Para el analista de Presupuestos Públicos de la Fundación Jubileo, René Martínez, la actual situación pone en cuestionamiento la viabilidad de los gobiernos municipales para afrontar los gastos y las competencias que tienen. “Es un tema complejo porque también pone en cuestionamiento, el sistema de descentralización a nivel municipal en Bolivia, que viene desde la (Ley de) Participación Popular del año 94 y luego la Ley Marco de Autonomías y la nueva Constitución (CPE) que, al final de cuentas, parece que han tenido sus logros, pero es algo que ya no está funcionando”, afirmó.

Además, subrayó que la mayoría de los municipios tienen muy poca población y, por lo tanto, pocos recursos que no les permiten realizar inversiones que se traduzcan en desarrollo. “Por ejemplo, tenemos que aproximadamente 148 municipios tienen menos de 10.000 habitantes y de acuerdo con la Ley Marco de Autonomías, para crear un municipio tiene que haber mínimamente 10.000 habitantes”.

Según Martínez, esto demuestra “un país muy parcelado”, con demasiados municipios y muy pocos recursos. “Hay muchos municipios que, directamente ya no están haciendo inversión pública y el poco dinero que tienen, lo destinan básicamente a sus gastos de funcionamiento, pero ya no son instancias que puedan impulsar el desarrollo a través de la inversión”, recalcó Martínez.

Necesidades de larga data

El director de Innovación del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad), Carlos Hugo Molina, profundizó la problemática al tomar en cuenta datos del Censo 2012, donde 256 municipios con población menor a 20.000 habitantes no contaban con hospital de segundo nivel. 

Según Molina, este dato no ha variado, pues no han existido recursos para aumentarlos. “Y debemos ver el dato integrado con otros servicios complementarios como Universidad, Segip, Registro Civil, oficinas bancarias y de crédito, así como más de 100 actividades que se realizan en el territorio como demanda de la población y que ofrecen el entorno para el desarrollo económico”, subrayó.

Sin embargo, expresó que ningún municipio renunciará a su existencia autónoma y el número de gobiernos municipales en Bolivia, por su relación población/territorio, todavía es pequeño. “Tenemos 339 municipios, contra 1.828 en el Perú, 2.469 en México, 1.101 en Colombia, o 8.131 en España”, apuntó.

“Para resolver el problema de la poca población -agregó-, tenemos en Bolivia dos modalidades posibles: conformar mancomunidades municipales, o articular el territorio en torno a ciudades intermedias que cumplan labor de cabecera y nodos de servicios”, propuso.

Del mismo modo, recordó que Ley de Participación Popular tenía varios componentes como el reconocimiento de la autonomía como base de la gestión, transferencia de competencias y recursos, creación de la Contraloría Social para dotar de instrumentos de transparencia en favor de la población, valoración de categorías locales ligadas a la producción, el turismo y la sostenibilidad ambiental, como condiciones para la planificación, la inversión y el presupuesto.

“Con excepción de haberse abrogado la Ley 1551, la Participación Popular es la que sostiene la gestión pública del Estado boliviano. Es una paradoja magistral de la historia”, calificó.

El tamaño de la torta

De acuerdo con un análisis enviado a EL DEBER, por parte del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) la disminución de los recursos de coparticipación, dependerá “del tamaño de la torta a distribuir”, es decir, de los RCT que serán recaudados durante el ejercicio fiscal.

“El peor escenario sería una disminución de los RCT debido a una menor recaudación tributaria, eso significaría una caída en la distribución de recursos para todos, pero principalmente para aquellos que, debido a este censo, su factor de distribución sea menor en comparación al censo anterior”.

Según la entidad, los datos disponibles hasta el 2022 muestran que los RCT han aumentado, por lo que se espera que esta tendencia se mantenga y no sea afectada por el escenario de incertidumbre que actualmente enfrenta el país y eso podrá identificarse en el Presupuesto (PGN) 2025.

En los municipios con población de hasta 5.000 habitantes, las transferencias que perciben del TGN por coparticipación representan más del 90% de sus recursos. Por lo tanto, una disminución de estas transferencias fiscales tendría un impacto importante en la gestión fiscal de los municipios.

“Es probable que aquellos municipios grandes e intermedios, que tienen un colchón financiero proveniente de sus recursos propios, podrán gestionar o mitigar la disminución de recursos por coparticipación; pero, su margen de maniobra es limitado y, seguramente en el mediano plazo, también se verán obligados a realizar algunos ajustes. Cabe destacar que son pocos los municipios que tienen ingresos propios significativos”, señaló el Cedla.

Terminar con el rentismo

Darío Monasterio propone que se debe buscar un modelo contrario a lo que propone el Gobierno, que no esté basado en el rentismo hidrocarburífero o minero, sino también buscar alternativas desde el sector privado para generar economía como turismo o servicios que puedan, de a poco, reemplazar los ingresos del Estado para los municipios.

“El modelo actual (del Gobierno) ha sido el causante de la disminución de los recursos de la producción hidrocarburífera, por ejemplo. Tampoco permite que las empresas privadas generen sus propias economías, porque no tienen la libertad económica para hacerlo; ahora necesitamos que ingresen, por ejemplo, inversiones del exterior, para el ingreso de divisas y la generación de empleo”, aseveró.

Carlos Hugo Molina planteó que se debe realizar una nueva categorización municipal: “la realidad nos está demostrando la imposibilidad del cumplimiento de competencias iguales para Yunguyo del Litoral en Oruro, con sus 882 habitantes, a los 1.606.671 habitantes que le atribuye el Censo a Santa Cruz de la Sierra. Las capacidades de desarrollo están en relación a las condiciones materiales existentes y sus ventajas comparativas y competitivas; cada territorio tiene su orquídea, decimos nosotros”.

Para René Martínez, “hay que abrir el debate público para discutir, a fondo, el tema de la distribución de los recursos para los municipios. “Hay que ver el modelo o el sistema de descentralización en Bolivia. Ya hemos transitado por un periodo que se ha apostado por el Estado con mucho dinero, pero eso ya pasó, ahora el Estado está con un déficit fiscal muy alto, no tiene recursos, hay que abrir las oportunidades para la inversión privada, para las asociaciones público-privadas, las alianzas, son una alternativa”, consideró.

Desde el Cedla puntualizaron que se requiere generar condiciones económicas para que los municipios puedan transformar su base económica con el objetivo de aumentar sus ingresos. Este planteamiento no es nuevo; en los debates sobre descentralización y el pacto fiscal se ha reafirmado la importancia de transformar la economía de los municipios.

Las empresas abandonan los municipios cuando no existe rentabilidad

La población de Bolivia alcanza a 11.312.620 habitantes, según los primeros resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el análisis que elaboró la Fundación Jubileo, el último censo realizado en el país, presenta datos de 343 municipios (336) y 7 gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos (GAIOC). Sin embargo, para que sean comparables los datos del Censo 2012 y el Censo 2024 se han sumado los datos de los municipios de Colquechaca y San Pedro de Macha del departamento de Potosí; Mizque y GAIOC Raqaypampa, del departamento de Cochabamba; Tomave y Jatun Ayllu Yura (GAIOC) del departamento de Potosí; San Ignacio, Santa Ana de Yacuma y Territorio Indígena Multiétnico TIM (GAIOC) del departamento de Beni.

“Por lo tanto, se presentan 338 Entidades Territoriales Autónomas (ETA) para comparar la población, puesto que no se tienen los datos de población por separado en estos municipios (y GAIOC) que se han dividido en los últimos años”, explicó Jubileo.

Los resultados: 92 disminuyeron en población, 245 aumentaron población y 1 mantiene su población.

Para Carlos Hugo Molina, el fenómeno de la disminución de la población en algunos municipios, se debe analizar de manera integral.

“No se trata solamente de la disminución de población y la posible disminución de transferencia gubernamental, hay que considerar los ingresos generales del Estado sometidos a coparticipación, la sostenibilidad institucional, el grado de desarrollo económico que existe en la jurisdicción y los marcos de servicios básicos imprescindibles. Ese conjunto de variables de manera integrar, pueden ofrecer algunas certezas sobre el futuro del municipio”, argumentó.

Hay 343 municipios, de los cuales siete son gobiernos autónomos indígenas

Datos

148 municipios tienen menos de 10.000 habitantes. Eran 157 en el censo de 2012

256 municipios con menos de 20.000 habitantes no tienen hospitales de 2do. nivel

3,11 millones de habitantes tiene el departamento más poblado de Bolivia: Santa Cruz