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A capa y espada. Así han defendido todas las autoridades del sector hidrocarburífero la contratación de trabajadores venezolanos y otros extranjeros que operan la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo. “Son tecnólogos con experiencia”, aseguraron desde el Gobierno y sobre todo desde la estatal YPFB. No obstante, algunos son técnicos con grado medio y superior, según consta en sus hojas de vida a las que accedió EL DEBER. Todos ganan entre Bs 56.355 y 85.688, que es el doble y hasta triple con relación al salario que percibe un profesional boliviano que también trabaja en el complejo petroquímico.

En una anterior nota, EL DEBER informó que YPFB desplazó a bolivianos de la planta de urea y duplicó la contratación de extranjeros. Después de la publicación, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, el presidente de Yacimientos, Wilson Zelaya, el viceministro de Industrialización, William Donaire, y el vocero de YPFB, Luis Fernando Vincenti, admitieron la contratación de personal foráneo, en especial venezolanos.

El ministro Molina justificó la contratación de estos profesionales a los que calificó de alto nivel y tecnólogos que fueron contratados para reparar los equipos dañados de la planta, que, según él, fue paralizada por el gobierno de la expresidenta, Jeanine Áñez. Además, dijo que el grupo estaba compuesto por especialistas de otras nacionalidades, como chinos y norteamericanos.

Mientras que el vocero de Yacimientos sostuvo que estos técnicos fueron empleados para reparar la planta y no para operarla, porque en el país no existe personal capacitado para refaccionar este tipo de complejo.

Perfil

Pero de acuerdo a documentación a la que accedió EL DEBER, varios técnicos caribeños fueron contratados para hacerse cargo de la parte operativa del complejo.

En sus hojas de vida los profesionales señalan que son técnicos en operaciones y colocan como referencia haber trabajado en las empresas petroquímicas de Venezuela, en especial en el Complejo Petroquímico Hugo Chávez, ubicado en la ciudad de Morón, en el Estado de Carabobo, y de Fertilizantes Nitrogenados de Oriente (Fertinitro), esta última firma fue expropiada por el gobierno de Chávez en 2010.

En cuestión de formación académica, se detalla en los currículums que algunos tienen grado de técnico medio en mecánica industrial y que cursaron las aulas del Centro de Capacitación Petrolera Para Adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela. En este centro de estudios la formación es de tres años. Otros solo son bachilleres. Algunos egresaron de unidades educativas de ese país como el colegio Crisóstomo Falcón, o de la Unidad Educativa Ambrosio Plaza, con el título de bachiller en Ciencias. El trabajador que salió de ese lugar coloca en su hoja de vida que cuenta con grado de educación media general.

Revisando los documentos, uno de los funcionarios contratados por YPFB, menciona que se formó en el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo (Iutepal), graduándose como técnico superior en Producción Industrial, carrera que tiene tres años de estudio.

Así también otro de los técnicos fichado por YPFB para operar la planta colocó en su hoja de vida que se tituló como Técnico Superior Universitario en Relaciones Industriales en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi.

Lo que más llamó la atención de las hojas de vida es que todos tienen experiencia como operadores y no como especialistas en reparación de estos equipos (petroquímica), como indicaron las autoridades de Gobierno.

Una fuente que conoce el funcionamiento de la planta aseguró que todos tienen experiencia operando plantas como la de Bulo Bulo; sin embargo, cuestionó que se hubiera reemplazado a personal boliviano que tiene las mismas capacidades.

“Todos (los venezolanos) son aptos para operar la planta, el problema es que desplazó a los bolivianos que estaban capacitados”, dijo la fuente.

La contratación también dejó inconformes a operarios bolivianos de la planta. El problema pasa porque se contrató personal extranjero para hacer tareas que pueden ejecutar técnicos bolivianos, sin que ello signifique xenofobia. “A nosotros nos han desplazados cuando estamos capacitados para operar la planta”, dijo un funcionario de YPFB que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias.



Costo para el Estado

Una de las observaciones que realizan técnicos del interior de Yacimientos y los que fueron desplazados por la estatal en el manejo de la planta, es el salario que se paga a los extranjeros.

El DEBER accedió la planilla del servicio de soporte técnico con personal especializado de la Unidad de Operaciones del complejo petroquímico. De forma mensual, la estatal gasta en el salario de 41 personas la suma de Bs 37,9 millones (lo que equivale a $us 5,4 millones mensuales).

Al año -solo en el pago de estos técnicos- el Estado paga Bs 455,7 millones ($us 65,4 millones). Esta cifra, incluso, supera los $us 53 millones que gastó Yacimientos para reanudar las operaciones del complejo; que estuvo paralizado por un año y nueve meses.

El profesional que más gana es el Jefe de Planta de Amoniaco y Urea, que percibe un sueldo mensual de Bs 514.224 ($us 73.882). Se trata de una persona de origen indio. No es el único de esa nacionalidad, la estatal contrató a otros técnicos; ambos con un salario de Bs 252.744 cada uno ($us 36.313).

Mientras que el supervisor de campo de la Planta de Amoniaco, de origen venezolano, percibe un salario mensual de Bs 74.568 bolivianos ($us 10.713), este es el mismo sueldo del Supervisor de Campo en Planta de Urea -también venezolano- del complejo petroquímico.

Durante la reanudación de las operaciones de la planta EL DEBER consultó al presidente de YPFB, Wilson Zelaya, por cuánto tiempo permanecerá este personal, esto porque varias autoridades nacionales indicaron que solo estarían en el arranque de operaciones del complejo.

Ante la consulta, el ejecutivo dijo que Yacimientos necesita tener gente con experiencia “y esa experiencia se va a ganar al lado de los tecnólogos que están aquí y que cuentan con 20 o 30 años de experiencia”.

“En Bolivia no tenemos plantas como esta para decir voy a traer de tal parte de Bolivia técnicos para que me den la seguridad del funcionamiento”, precisó.

El presidente de Yacimientos recordó que durante el anterior gobierno se intentó, en un par de oportunidades, arrancar la planta con resultados negativos y que incluso “generaron pérdidas de millones de dólares por los daños que han ocasionado”.

En esa oportunidad, la estatal petrolera calculó el daño generado por la paralización de la planta en más de $us 450 millones.

“Entonces, señores vale la pena pagar y tener ciertos técnicos que sobre todo capaciten a nuestros técnicos bolivianos, ese es el elemento central que se tiene que ver. La transferencia de conocimiento se paga”, señaló Zelaya.

Agregó que el complejo industrial tiene muchos subprocesos que requieren de especialistas.

“En función a esa necesidad vamos a ir dejando (en la planta) por algún tiempo a los especialistas (extranjeros)”, sostuvo.

La planta de Amoniaco y Urea fue inaugurada en 2017 por el entonces presidente Evo Morales, que prometió que sería operada por manos bolivianas; incluso se creó un plan de capacitación a profesionales nacionales, pero ahora es manejada por “tecnólogos” foráneos.

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