El directorio de Yacimientos analizó la información de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y determinó derivar el tema a las instituciones pertinentes para su seguimiento

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18 de marzo de 2017, 5:00 AM
18 de marzo de 2017, 5:00 AM

El directorio de YPFB, luego de analizar la documentación de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, que alertaba sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación para la compra de tres taladros por parte de la estatal petrolera a Drillmec, empresa público-privada de Italia, por $us 148,8 millones, resolvió asumir tres acciones para su investigación.


La primera, según explicó Carlos Quispe, integrante del directorio de YPFB, instruye a la presidencia ejecutiva de Yacimientos la remisión de los antecedentes del proceso de contratación de los tres taladros a la Contraloría General del Estado a efecto de que se realice una auditoría especial y determine, si corresponde, la existencia de indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal.


Como segunda acción, se  determina que se remita el informe de la Dirección de Transparencia de YPFB y los antecedentes del proceso de contratación a las instancias competentes, como el Ministerio Público y la autoridad sumariante, para que se investigue la posible comisión de hechos ilícitos o contravención al ordenamiento administrativo y se determine a los posibles responsables dentro de la estructura de YPFB.


Por último, a efecto de precautelar los intereses del Estado y el patrimonio de YPFB, Quispe puntualizó que se instruyó al presidente de YPFB, Guillermo Achá, realizar las acciones legales pertinentes respecto a la continuidad o no del contrato suscrito con Drillmec, previa evaluación.
Quispe señaló que, a través de estas decisiones, el directorio asume una posición clara e inmediata en torno al caso taladros. 


“Nos comprometemos a informar sobre los avances de las acciones y demostrar nuestro compromiso con la transparencia en los procesos de contratación de YPFB, el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la lucha contra la corrupción", subrayó Quispe.

Defensa del proceso
Más temprano, en la casa ejecutiva de YPFB, en Santa Cruz, Achá declaró que todo el proceso de licitación para la compra de tres taladros fue legal y transparente.
Achá descartó las versiones de sobreprecio y corrupción, y señaló que será el directorio de la estatal petrolera el que tendrá la palabra final.


Sobre el anuncio de acciones legales que la firma italiana realizará en caso de que YPFB no cumpla con las compras, Achá precisó que es prematuro hacer ese tipo de conclusiones y que se debe esperar el avance de las investigaciones.


La máxima autoridad de la estatal petrolera recordó que está al margen de este caso, para así evitar cualquier interpretación errónea sobre el esclarecimiento de este acuerdo comercial con la empresa europea.


Las observaciones
El informe elaborado por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos realizó la observación legal y administrativa a tres documentos del proceso de contratación que tenían que ver con la falta del documento de constitución de la empresa adjudicada, del registro tributario, y la presentación de un poder insuficiente, sin valor para presentar ofertas y firmar contratos.
También en el informe del Viceministerio de Exploración y Explotación del Ministerio de Hidrocarburos se observan el Documento Base de Contratación (DBC) y la propuesta técnica presentada por la empresa.


Por último, los cuestionamientos apuntan sobre la participación de terceras personas sin poder, vinculadas al proceso de contratación, que habría tenido un comportamiento poco transparente.
El tema del sobreprecio de los tres taladros es otro de los aspectos que se pide investigar y aclarar para confirmar o descartar esa posibilidad.


Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, sostuvo que derivar a otras instituciones la investigación de este caso es lo más pertinente.
Ante la posibilidad de una rescisión de contrato, la empresa Drillmec advirtió con acciones legales en contra del Estado boliviano, además de una protesta vía diplomática, por considerar que no solo se afecta a los intereses empresariales, sino también la imagen del Estado de Italia