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Alberto Morales, procurador General del Estado, reveló que fueron 13 ciudadanos mexicanos quienes digitaron, en coordinación con el exministro Juan Ramón Quintana, el fraude en las elecciones generales de octubre de 2019.

La autoridad sostuvo que esas personas, algunos expertos informáticos, estuvieron en Bolivia antes y durante el desarrollo del proceso, anulado por irregularidades a favor del MAS.

La embajada de México en Bolivia emitió un comunicado diciendo que su Gobierno fue ajeno a todo tipo de observación electoral. Aclaró que sí participaron como observadores internacionales dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral de México y representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estos últimos como parte de la delegación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

En el comunicado reiteró “sus principios constitucionales de no intervención en asuntos internos, y hace un atento llamado a los actores políticos de abstenerse de involucrar a México en las actuales campañas políticas”.

El Procurador dijo que “equipos entre políticos mexicanos e informáticos llegaron al país, antes y durante las elecciones, hablaron con Quintana y han manipulado datos, han instalado un servidor externo, desde donde gente extranjera ha violado la soberanía del voto popular”, detalló la autoridad.

Consideró que la Fiscalía dilata las investigaciones, anticipando una pericia informática con una empresa extranjera, cuando el informe de auditoría de la OEA debería bastar para iniciar el juicio.

“El informe de la OEA establece indicios y hallazgos, pero el 10 de diciembre de 2019 ya se presentó un informe conclusivo con pericias informáticas, de expertos en procesos electorales, y ese documento tiene carácter vinculante, entonces, qué espera la Fiscalía para acusar. No hay razón lógica para seguir postergando el proceso”, reprochó.

Contó también que el exjefe de gabinete de Quintana acompañó en todo momento a la delegación mexicana, incluso llegando a hospedarse con ellos en un hotel de La Paz. “Ha habido un movimiento de una organización criminal, facilitada por el anterior Gobierno, para desarrollar el fraude electoral”, recalcó.

Detalló que los extranjeros que arribaron a territorio nacional “tienen cargos electos o administrativos en algunos municipios o gobernaciones de México, todos son parte del partido del denominado Grupo de Puebla”.

El diputado del MAS, Víctor Borda, señaló que se debería verificar a qué se debió la presencia de los mexicanos. “No entiendo cómo se puede demostrar que llegaron para montar un fraude”.

Lamentó que el Gobierno de Jeanine Áñez incurre en una persecución penal muy inquisitiva. “Cualquier vínculo con un exministro como Quintana es digno de un proceso, como pasó con esa exfuncionaria que llevaba dinero a Argentina”, Acotó que se confirme primero si el objetivo era atentar contra la democracia. Si es así, caiga con todo el peso de la ley. Pero esas personas pudieron llegar por cualquier otro motivo”, dijo.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó que el denominado “instrumento político” aún pretende manipular y direccionar los procesos, y al no tener sometido al Procurador, emite una resolución objetando su designación.

El fiscal Luis Fernando Atanasio, tras realizar una inspección ocular en el caso denominado Fraude I, dijo que se identificaron más irregularidades en las elecciones generales (del año pasado) y para encontrar a los responsables pidió una pericia informática internacional”.