Aclaración necesaria: La CPE no establece feriados, en su art. 49.II define que los feriados serán regulados por ley no por decreto. El feriado del 22 de enero es un acto arbitrario, los decretos supremos 405 de 2010 y 2750 de 2016 contrastan con la CPE y no se adecuan a la legislación laboral.

No tiene sustento “la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia” asignada para el 22 enero, porque la Constitución, que define a Bolivia como Estado Plurinacional, fue aprobada por referéndum el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009.

El nombre del Estado, desde las 18 constituciones anteriores, es Bolivia y se constituyó en República. Ahora sigue siendo Bolivia y se constituye en Estado Plurinacional autonómico por sus niveles de gobierno, y la pirámide de validez de leyes es la misma en los 4 niveles, lo único que las diferencia son las competencias.

El sistema de gobierno adoptado para la República establece la democracia directa y participativa, representativa y comunitaria, la independencia de órganos y la alternancia en el poder. En las anteriores constituciones no había democracia directa y comunitaria. Los derechos fundamentales y las garantías siguen siendo de categoría universal, y se mantiene el sistema republicano de gobierno.

Hay dos cambios importantes en la actual CPE: la democracia participativa y directa (referéndum, consultas, asambleas, cabildos) y la democracia comunitaria con la inclusión de los pueblos indígenas. Aunque su institucionalidad haya sido tomada por el poder central.

La alteración del Estado Constitucional de Derecho: La actual CPE ha sido modificada y alterada, por encima de la soberanía del pueblo, sin procedimiento de reforma y sin voto, mediante las sentencias 084/2017 de reelección indefinida, 024/2018 que altera la residencia permanente y la sentencia 032/2019 no renuncia de toda autoridad electa para ser candidato.

En 14 años, que cumplirá la CPE el 7 de febrero 2009, el control del Gobierno sobre el Poder Judicial ha destruido la institucionalidad de órganos como: el Ministerio Público, la Procuraduría y Contraloría del Estado, Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que se encuentran lejos de cumplir el rol que le asigna la CPE y las leyes, al igual que el INRA, ABT y otras instituciones medulares.

Todo ello ha generado una total indefensión ciudadana, impunidad en el ejercicio del poder que solo favorece el abuso y arbitrio, la dilapidación de los recursos públicos y la práctica de la prebenda. Los derechos fundamentales se encuentran en manos del poder político y no bajo la protección del Tribunal Constitucional.

Ruta sistemática del Gobierno en la ruptura del Estado Constitucional de Derecho: El presidente Arce manifestó que no buscan venganza, quieren “justicia”, conociendo el estado putrefacto de los tribunales porque los tiene bajo su poder. b) el ministro de Justicia afirmó que hubo golpe de Estado y Gobierno de facto, y ratificó que la expresidenta Jeanine Añez será sometida a un proceso ordinario, porque no tienen 2/3 en la Asamblea Legislativa, violando el procedimiento de la CPE en su art.161.7-184.4 y la ley 044, c) el “vocero” del Gobierno del MAS, Jorge Richter (ex-NFR), mencionó la corriente opositora como “rupturistas” aquella cuya conducta no es constitucional y democrática, aunque gane elecciones.

Alguien debería explicar al vocero, que la ruptura se produjo por el desconocimiento a la soberanía del pueblo en el 21F y el fraude en 2019. También la ruptura es que el procurador General haya sido designado violando el art. 230.II de la CPE, y sea el abogado del expresidente Evo Morales.

Más allá de pretender introducir en la visión de la gente el correlato falso de “golpe de Estado” y el delito imposible de “terrorismo y sedición”, solo para conseguir el poder absoluto.