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17 de octubre de 2023, 3:00 AM
17 de octubre de 2023, 3:00 AM

Hoy se cumplen 20 años de la denominada Guerra del Gas, que comenzó como tal, pero que dio inicio a un nuevo periodo para Bolivia. ‘Octubre negro’ acabó con 67 personas muertas, el derrocamiento de un presidente, más de 400 personas heridas y una nueva agenda política para Bolivia. ¿El país es mejor ahora que entonces?

Bolivia nadaba en un mar de gas en 2003. La proyección era exportar y que esa riqueza llene las arcas del país. El gran obstáculo era que el ducto debía pasar por Chile y esa fue la mecha que encendió la pólvora. Bolivia aún tenía pendiente la reivindicación marítima.

Pero la exportación de los hidrocarburos no era la única razón de esa explosión social, sino que se habían acumulado varios factores: la descomposición de la política, con partidos que sellaban acuerdos en base a pegas en el sector público; con reivindicaciones sociales no atendidas, con una bronca acumulada tras el ‘impuestazo’ que se había querido imponer en febrero de 2003 y que provocó un enfrentamiento entre militares y policías.

A lo anterior se sumaba una situación económica muy delicada, con iliquidez en el sector público y con una bajísima aprobación ciudadana del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Todo eso se encontró con el fortalecimiento de un proyecto indigenista de reivindicaciones, asentado en el altiplano paceño, donde se produjeron los primeros choques y las primeras víctimas. El conflicto fue en ascenso y acabó con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada ante el Congreso.

Dos décadas después de aquello, Bolivia ya no nada en un mar de gas; al contrario, la producción cae hasta tocar fondo, como lo dijo el mismo presidente Luis Arce, y el país ya no vive los tiempos de bonanza económica. La política de acuerdos entre muchos partidos derivó primero en la imposición de un solo partido, sin posibilidad de acuerdos, y acabó en la fragmentación del partido hegemónico desencadenando una parálisis en el Congreso y en la economía nacional.

La positiva inclusión social de sectores que antes no fueron tomados en cuenta se ha debilitado. Los indígenas tienen participación política, pero ahora hay una suerte de discriminación entre los de tierras altas y los de tierras bajas; los derechos al territorio de los últimos están siendo vulnerados mediante la toma de espacios por parte de avasalladores y de mafias organizadas del narcotráfico que acaban desplazándolos.

A ello se suma la confrontación entre bolivianos, que ha sido sostenidamente alimentada desde los sindicatos y los políticos del Movimiento Al Socialismo, bajo la lógica del “divide y vencerás”. Las posibilidades de sinergia y de mancomunidad se ven distantes cuando prevalecen discursos que llaman al odio, como el mencionado por un ministro de Estado contra la Gobernación cruceña, o como los que se escuchan en el oriente del país cuando se tacha a todos los migrantes rurales como avasalladores.

Durante esos 20 años, Bolivia perdió el juicio ante el Tribunal de Justicia Internacional en el que reclamaba una salida al mar con soberanía. Y las relaciones con Chile continúan rotas, pero además están teñidas por la lucha contra el crimen organizado que opera en la frontera.

Los hechos de ‘Octubre Negro’ dejaron dolor en Bolivia, pero los actores con poder no tuvieron la capacidad de generar resiliencia. Las heridas aún no sanan y se abrieron otras que hay que curar.

Dos décadas después hay un pedido de renovar la agenda política nacional. Bolivia es un país con infinitas posibilidades de desarrollo y de construcción de mancomunidad. Solo hace falta la voluntad de dialogar, de construir sumando diferencias, para tener una patria que aprende de sus errores y puede mirar el horizonte con esperanza.

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