21 de octubre de 2022, 4:00 AM
21 de octubre de 2022, 4:00 AM

Han transcurrido 21 días desde aquel viernes 30 de septiembre, cuando una impresionante concentración de ciudadanos aprobó en un cabildo emplazar al Gobierno para que el Censo de Población y Vivienda se realice el año 2023 y no el 2024. Desde entonces, nada ha ocurrido para evitar que se llegue al final del plazo sin la respuesta que la población reunida esperaba, y por tanto mañana comenzará un paro indefinido ante lo que se considera una desatención a la voz del pueblo manifestada en un mecanismo reconocido en la Constitución Política del Estado.

Que las partes en conflicto hayan llegado a esta fecha sin avance alguno para evitar un paro que nadie quiere, es un fracaso de la política y sus actores, que no supieron hacer su trabajo para busca el entendimiento en un asunto delicado que compromete el futuro, pero también este presente urgente en el que se requiere de trabajo para recuperar al país de los recientes golpes a su economía.

Paralizar de manera indefinida la producción del departamento más activo del país y donde se definen los índices que Bolivia busca mejorar, es una pésima noticia para todos. Nadie gana con el paro y si como país hemos llegado a este punto con los brazos cruzados y en actitud desafiante es porque la soberbia del poder está encegueciendo a los líderes, de uno y otro lado, y demostrando su incapacidad para evitar caer rodando por el despeñadero, como dos furiosos rivales que terminaron prendidos en medio de la trifulca.

Si solo ellos terminaran en el fondo del abismo, no habría demasiado por lamentar. Lo penoso es que en esa caída arrastran a todos, y al final, a todos nos tocará volver a subir desde el barranco y por el mismo lugar por donde nos hicieron rodar. En el balance, y cuando esto termine, todos habremos perdido tiempo, oportunidades, energías y recursos que nunca se volverán a recuperar. Será un ejercicio demasiado caro para un país golpeado que no termina de abandonar la pobreza, pese a las triunfalistas cifras de la estadística oficial que dejan muchas dudas.

Desde el poder central, el Gobierno está demostrando también su incompetencia para escuchar a una región a la que nunca miró con simpatía por la tendencia de su electorado, o quizá porque hace tres años, en días como los actuales, le propinó al partido gobernante una derrota política en las calles que jamás imaginó ni en sus peores pesadillas.

En lugar de designar interlocutores con voluntad de abrir auténticamente las puertas al diálogo, enviaron a Santa Cruz a sofistas más empeñados en marear perdices que en contribuir a tender puentes para el entendimiento.

El discurso de los ‘argumentos técnicos’ en los que se escudó el Gobierno durante todo este tiempo resultó una falacia si se considera que el Censo debió realizarse dentro de menos de un mes, el 16 de noviembre exactamente. El Ejecutivo nacional jamás pudo explicar cómo es que si el evento debía realizarse este año y tenía un cronograma que estaba en orden y en marcha, de pronto necesitó postergarse para dentro de dos años. Sin entrar en mayores profundidades, en solo ese detalle sencillo quedó demostrado que la decisión de su postergación obedece a motivaciones políticas con miras a controlar el próximo proceso electoral y posibilitar una reelección -o la elección de Evo Morales- bajo las actuales condiciones estadísticas, por lo demás bastante de dudosa credibilidad.

Así se llega al paro indefinido, con todas sus consecuencias, nefastas desde donde se mire.

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