A casi un año del violento operativo de captura, Fiscalía pide 20 años de cárcel para Camacho
Están imputados excomandantes de las FFAA y de la Policía. La familia del gobernador califica de “armado” este proceso. Mañana habrá una multitudinaria marcha de protesta en Santa Cruz
La Fiscalía de La Paz presentó, en la acusación formal del caso “Golpe 1”, 20 años de prisión para Luis Fernando Camacho Vaca, Luis Fernando López y los generales Williams Kaliman Romero y Vladimir Yuri Calderón Mariscal. También 15 años de presidio para Marco Antonio Pumari, Jeanine Áñez Chávez y Jorge Hermes Fernández Toranzo.
“El delito de terrorismo contempla una pena de 15 a 20 años, esa es la pena que está pidiendo el Ministerio Público al momento del inicio del juicio ante el Tribunal de Sentencia para que imponga esa sanción”, afirmó ayer a la prensa el fiscal a cargo del este caso, Omar Mejillones.
En este caso se investigó la presunta coordinación del gobernador Camacho con policías y militares para supuestamente derrocar a Evo Morales en 2019 y llevar a Jeanine Añez a la presidencia.
Mejillones informó que existen ocho personas acusadas, de las cuales cuatro están como autores y para quienes se pide 20 años.
Camacho es el único de los presuntos autores que está con detención preventiva. El resto de los acusados fueron declarados rebeldes y están en el extranjero.
Para el resto de los acusados, se demandó una pena menor, tomando en cuenta que están en calidad de cómplices, entre ellos la expresidenta Jeanine Añez, el excívico potosino Marco Pumari, el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández y el excomandante militar Carlos Orellana. De los cuatro acusados como cómplices, Añez y Pumari se encuentran detenidos en el país, mientras que los otros dos están en rebeldía.
Marchas en Santa Cruz
Mientras, diferentes sectores sociales y la alianza Creemos convocaron para hoy a una misa y una marcha recordando un año de la detención y “secuestro” del gobernador Camacho.
“Cualquier persona tiene el derecho de ejercer su derecho a la protesta, siempre y cuando no perjudique el derecho de terceras personas; por tanto, si quieren realizar su caravana están en su derecho. Pero, la gran mayoría del pueblo boliviano, más del 99,9 % se va a encontrar trabajando, planificando su fiesta de fin de año”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Luis Fernando, el hijo mayor de Camacho, dijo ayer que su familia “no confía en la justicia” y señaló que se trata de un “caso armado” que está políticamente motivado.
El abogado del gobernador, Martín Camacho, informó ayer que la defensa del gobernador no fue notificada y expresó su preocupación por la forma en la que actuó la fiscalía “alejada de los procedimientos formales”.
