28 de agosto de 2022, 4:00 AM
28 de agosto de 2022, 4:00 AM


Poco faltó para que una maestra de Biología de una escuela de Minero fuera linchada en plaza pública. El motivo: haber pedido una muestra de semen a sus estudiantes, a modo de trabajo práctico para la clase de educación sexual que imparte. Fue suficiente para dar pie al estallido de un escándalo que terminó con la profesora a punto de ser procesada y encarcelada por corrupción de menores. Así planteó la denuncia el Ministerio Público.

Ella solo se libró de la cárcel porque los padres de familia que la denunciaron, desistieron de la acción. Y no solo se libró de ir presa. También logró ser restituida a su rol de maestra.

Todo eso, en cuestión de una semana. Una semana marcada por el escándalo, al que casi siempre le sigue un espectáculo mediático del que todos quieren sacar partida y del que resulta difícil salir, tomar distancia e ir al fondo del problema que plantea. ¿Y cuál es ese fondo?, seguramente será la pregunta inmediata. No hay que hacer mucho esfuerzo para dar con la respuesta. Al menos una de muchas y tal vez la más importante: el abandono total en el que está el sistema educativo en el país y principalmente los maestros, pilares fundamentales para que ese sistema funcione y dé buenos resultados.

¿Alguien preguntó en qué condiciones trabaja esa maestra de Minero, cuál su formación o preparación?
Y los cuestionamientos siguen sumando. Por ejemplo, ¿corresponde a una profesora o a un profesor de Biología estar a cargo de educación sexual, así en solitario, ignorando que esta es una disciplina que demanda un trabajo interdisciplinario en el que no puede faltar, por ejemplo, la experticia de una o un sicólogo? Ya lo decía ayer Álvaro Puente en una entrevista que me concedió: si hay alguien que debería ser denunciado, procesado y ser enviado incluso a la cárcel es la autoridad responsable de este precario sistema educativo, y no la maestra. Son las autoridades y funcionarios de Educación los responsables de las fallas y graves errores que suceden a diario en los cientos de miles de escuelas del país.

Errores que se alimentan por un modelo exageradamente centralista que concentra todas las decisiones sobre educación en el nivel central, incapaz de dar al menos las condiciones de excelencia que demanda la formación de maestros y, luego, las condiciones humanas y materiales para que estos puedan cumplir con su misión. En el caso que nos ocupa, queda claro que la maestra no tiene como apoyo una dirección y menos a una persona experta en sicología para abordar un tema tan complejo como es el de educación sexual. Seguro, además, que es una carencia vista no solo en una solitaria y alejada escuela de provincia.

Esto sin contar otro problema anotado por Puente: la exclusividad dada a las normales como las únicas autorizadas para dar el aval de educador, excluyendo del sistema a otros profesionales especializados en otras áreas, que bien pueden aportar a la educación. Un conjunto de normales que enfrentan ellas mismas muchas carencias, también humanas y materiales, para garantizar una formación de excelencia, nada menos que de quienes tienen en sus manos la principal y mayor responsabilidad en la sociedad, como es la de enseñar no solo a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, sino también -o sobre todo- a pensar, a discernir, a vivir.

Estamos hablando apenas de un caso visto en una escuela, en un municipio de una de las provincias de un departamento. ¿Se imaginan qué es lo que les toca enfrentar a diario a los más de ciento cincuenta mil profesores distribuidos en todo el país? ¿Cuántos otros dramas similares al de la profesora de Minero, e incluso mucho más grave que este, sucederán a diario sin que lleguen a la palestra pública? Las preguntas abundan, mientras escasean las respuestas, también por otra razón sencilla: no existe en Bolivia un sistema de medición continua que permita conocer la realidad de la educación en el país. Hasta ahora no salimos de escándalos esporádicos como el de Minero.

Ojalá al menos este nos sirva de pretexto para dar un giro virtuoso y sacar a la educación de la crisis y mediocridad que enfrenta. Un giro que no vendrá desde arriba, desde el nivel central, sino desde las bases o los otros niveles de gobierno. En el caso de Santa Cruz, bien haría la Gobernación, a través de su Instituto Cruceño de Estadística, en iniciar ya mismo un levantamiento de datos que permita conocer cuál es el estado de situación de la educación en el departamento, para a partir de allí diseñar y ejecutar políticas públicas alternativas, tomando incluso experiencias que ya están en marcha, como la de Jopoi en Porongo. Solo cito un ejemplo, pero hay muchos más.

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