A propósito de la carrera diplomática
La respuesta brindada por la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Petición de Informe Escrito de la Asamblea Legislativa da cuenta que el gobierno de Arce Catacora admite que en Bolivia existe una carrera diplomática y en consecuencia un escalafón; pero según ellos, los documentos respaldatorios no están en los archivos de la cancillería.
Es posible que ya no esté en Cancillería la documentación relativa al proceso de evaluación, calificación y categorización de la carrera diplomática, realizado los años 2003 y 2004 con la cooperación internacional del PNUD. Esta pérdida probablemente haya sido causada por algunos interesados en eliminar todo vestigio de la institucionalidad del servicio de relaciones exteriores de Bolivia.
Esto me recuerda a los días posteriores a asumir funciones como ministra de Relaciones Exteriores, cuando constatamos que muchos documentos oficiales habían sido sustraídos de los escritorios concernientes a los distintos países y organismos internacionales. Evidentemente, algunos funcionarios militantes del MAS renunciaron espontáneamente a sus funciones y otros se fueron raudamente sin siquiera renunciar llevándose consigo la documentación oficial, seguramente para preservar la confidencialidad con la que trataban determinados temas.
Lo que debo referir con respecto a la carrera diplomática, su institucionalización y la eventual sustracción de documentos, es que entre el 14 de noviembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2020 toda la documentación que acredita la evaluación, calificación y aprobación del Escalafón Diplomático Nacional del año 2004 se encontraba en archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores en conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Los antecedentes entonces revisados, daban cuenta que el 30 de junio de 2004 la titular de la dirección jurídica validó la Resolución Ministerial 197/2004 y la suscribió juntamente con los entonces señores ministro y viceministro de Relaciones Exteriores, aprobando el Escalafón Diplomático Nacional elaborado por la Junta Evaluadora y Calificadora de Méritos, de conformidad a la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores de 15 de febrero de 1993.
Es menester precisar que la Ley 1444 fue abrogada en el gobierno de Evo Morales, sustituyéndola con la Ley 465 de 19 de diciembre de 2013, cuya Disposición Transitoria disponía un plazo máximo de transición de dos años calendario para la organización e implementación plena del nuevo Servicio de Relaciones Exteriores, previo a un proceso de evaluación individual de cada servidor público, a cargo del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos. Esta disposición normativa no se cumplió en el gobierno de Morales, no obstante que fueron ellos quienes promovieron la abrogación de la Ley 1444 y la aprobación de la Ley 465, claro está con el ánimo de suspender, de alguna manera, la aplicación del Escalafón Diplomático de 2004.
Durante mi gestión como ministra de Relaciones Exteriores y en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 465 se aprobó el DS 4240 de 19 de mayo de 2020 y procedimos a constituir la Junta de Evaluación y Categorización del Escalafón y reglamentar el proceso de evaluación para actualizar el Escalafón Diplomático del año 2004, que no había sido actualizado en 15 años, no obstante que estaba establecida la obligatoriedad de hacerlo periódicamente.
Los funcionarios responsables de esta tarea durante varios meses de la gestión 2020 trabajaron conjuntamente la dirección de Asuntos Jurídicos, cuyo titular era la misma funcionaria de carrera que se desempeñaba en ese cargo en la gestión 2004 y que hubo validado el Escalafón Diplomático de esa fecha; por lo que se estimaba que había suficiente experiencia y conocimiento para hacer un buen trabajo, pero lamentablemente el proceso de categorización del escalafón, realizado el año 2020, se frustró por motivos que hoy se hacen evidentes.
Con base en el escalafón del 2004 procedimos a incorporar a los graduados de la Academia Diplomática que no habían sido evaluados en casi tres lustros. Muchos de los funcionarios que trabajaron en Cancillería durante el período de Morales y que eran reconocidos simpatizantes del MAS permanecieron durante mi gestión; eran funcionarios graduados de la Academia Diplomática, con méritos profesionales y capacidades para ejercer funciones en el Servicio de Relaciones Exteriores. No obstante, el gobierno de Luis Arce los despidió de sus funciones por el solo hecho de haber permanecido en la Cancillería durante el gobierno transitorio.
Al objeto de dejar sin efecto todo el trabajo de evaluación y actualización del Escalafón que hubimos realizado, el gobierno de Arce Catacora promovió la declaratoria de inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 465 y del DS 4240. La Sentencia Constitucional de 17 de marzo 2021 declaró la inconstitucionalidad de dichas normas y, con base en ello el ministerio de relaciones exteriores me inició un proceso penal por el supuesto delito de resoluciones contrarias a la constitución y las Leyes.
La responsabilidad por ejecutar normas que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales no puede constituir delito alguno, puesto que estas gozan de presunción de constitucionalidad y se les debe obediencia mientras no sean removidas del ordenamiento jurídico.
El próximo 6 de agosto de 2025 Bolivia cumplirá 200 años de vida republicana. La celebración del bicentenario nos encontrará sin un Servicio de Relaciones Exteriores institucionalizado y sin diplomáticos de carrera en servicio activo. Es menester restaurar la institucionalidad mutilada.
