Opinión

A veintidós años de la Ley General de Aduanas

4 de agosto de 2021, 5:00 AM
4 de agosto de 2021, 5:00 AM

A veintidós años de promulgada la actual Ley General de Aduanas cabe evaluar la necesidad de una nueva reforma aduanera basados en varias razones por demás justificadas a la luz de los resultados en términos de su institucionalidad, la facilitación del comercio, el control del contrabando y su impacto en las recaudaciones tributarias. La evolución del comercio transfronterizo en lo que va del siglo XXI ha sido diez veces mayor a los cambios de los últimos cincuenta años del pasado siglo, debido a la transformación digital, el comercio electrónico, los nuevos medios de pago, el dinero virtual, el comercio de servicios y el comercio de los derechos de propiedad intelectual de marcas y patentes -que hoy se equiparan al comercio tradicional de mercancías- han dejado en rezago la Ley General de Aduanas, a pesar de sus múltiples parches y remiendos en el Código Tributario y las varias Leyes de Presupuesto General del Estado con cambios forzados.

Según las cifras del INE, hasta el año 2019, en los últimos veinte años el comercio exterior boliviano había crecido en su conjunto de 3.000 millones de dólares a cerca de 20.000 millones de dólares, las exportaciones crecieron de 1.300 a 9.000 millones de dólares mientras que las importaciones aumentaron de 1.700 a 9.700 millones de dólares; en resumen, nuestros indicadores de apertura comercial se multiplicaron casi siete veces. Por su parte las recaudaciones aduaneras se incrementaron de 400 a 2.000 millones de dólares, el año antes que nos llegara la pandemia, representando el comercio exterior y su recaudación cerca del 45% del PIB, demostrando con ello su importancia en el desarrollo económico del país.

Lamentablemente en la medida en que creció el comercio exterior hubo un aumento significativo del contrabando y la evasión tributaria aduanera, las estimaciones más recientes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y de la Cámara Nacional de Comercio sobre ambos ilícitos estiman que el ingreso ilegal de mercancías alcanza los 2.000 millones de dólares y la evasión tributaria se estima en 450 millones de dólares. Estas cifras se pueden constatar por la presencia de una gran cantidad de vehículos indocumentados en los municipios rurales, la venta de ropa usada extranjera en los mercados suburbanos de las capitales de departamento, así como en la libre oferta de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas sin ningún registro sanitario ni timbres fiscales en los mercados de abasto de los mayores centros urbanos del país. Este nivel de informalidad requiere de una norma aduanera más coercitiva, pero a su vez más facilitadora de la formalidad.

Nos resta implementar varias medidas de facilitación del comercio, sobre las que en su mayoría hemos refrendado compromisos en el marco del Acuerdo de Facilitación de la Organización Mundial del Comercio, entre las que destacan la implementación del Comité Nacional de Facilitación y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. En materia de transparencia, publicación y disponibilidad de información, el operador de comercio exterior aún no cuenta con una compilación actualizada de la totalidad de productos afectados por requisitos de autorización previa, certificaciones o licencias que emiten entidades públicas distintas a la Aduana Nacional, tales como las Agencias de Medicamento, Medio Ambiente, Telecomunicación y otras agencias estatales que regulan sectores estratégicos.

En materia de digitalización, en los despachos aduaneros se ha logrado importantes avances con la implementación del Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA), un sistema propio de la Aduana Nacional que ha reportado significativos logros en la mejora de los tiempos y costos para la liberación de mercancías de importación y exportación; sin embargo, la Ley General de Aduanas aún obliga la tenencia del papel original con firma al vivo para respaldo del archivo físico del despacho aduanero que debe ser custodiado por el declarante por ocho años, lo que constituye un contrasentido con la actual normativa moderna sobre digitalización de documentos, firma digital y archivos digitales.

La norma también requiere importantes ajustes en la tipificación y especificidad de los ilícitos aduaneros y la responsabilidad del declarante, el importador y el transportador, debiendo limitarse dichas responsabilidades a la actuación de cada uno de ellos en el proceso de importación y el despacho aduanero de las mercancías, evitando convertir faltas o errores de orden administrativo en delitos que criminalicen al declarante o al importador formal, salvando con ello uno de los principios rectores de la función pública aduanera: la buena fe.

La nueva Ley de Aduanas debe estar alineada con los mandatos del Acuerdo de Facilitación del Comercio y la revisión del Convenio de Kioto Revisado (CKR) de la Organización Mundial de Aduanas, deberá garantizar a todos los importadores y exportadores igualdad de derechos y beneficios, debería establecer la liberación de los servicios de almacenaje a depósitos aduaneros privados afianzados, debe propiciar el control aduanero con sistemas de aforo no intrusivos y una inteligencia aduanera tecnificada. La nueva ley deberá concentrar la presencia de la Aduana en las fronteras y debe garantizar la carrera del funcionario público aduanero con base a compromisos de ética y transparencia.

Antonio Rocha Gallardo - Presidente de CNDA


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