20 de enero de 2022, 4:00 AM
20 de enero de 2022, 4:00 AM

La agenda pública se ha concentrado en casos de corrupción, la composición del gabinete, la obligatoriedad del carné de vacunación y el enfrenamiento entre narrativas de desarrollo.

Estamos a inicios de año y, si bien las inscripciones escolares comenzaron y las universidades están promocionando sus servicios, poco o nada se ha discutido sobre cómo reanudar las clases en los colegios.

La actual crisis sanitaria se ha transformado en el experimento social más grande de la historia contemporánea porque ha implicado medidas extraordinarias como confinamientos, cierres de negocios “no esenciales”, aforos limitados, entre otros.

El efecto en la educación ha sido desastroso. Según la edición de junio del año pasado de la revista The Economist, los efectos implican desde un retraso de tres meses en la primaria inglesa hasta casi 70% menos de aprendizaje en Etiopía. De igual forma reporta que el porcentaje de personas con conocimientos menores a los requeridos subiría de 55% a 77% en Latinoamérica.

Los efectos no son exclusivos de los países en desarrollo. Según una prueba que se hizo en 12 estados de EEUU, la puntuación promedio en una prueba estandarizada de matemáticas bajó 14% respecto a antes de la pandemia y 6% en lenguaje, tal como lo muestra un estudio publicado por la Oficina estadounidense para la Investigación Económica (NBER, por sus iniciales en inglés).

A su vez la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco, por sus iniciales en inglés) señala en un reporte específico que 1.600 millones de estudiantes en el mundo han sido afectados por la pandemia, con especial énfasis en las mujeres, cuyo acceso al aprendizaje remoto ha sido más limitado y, por tanto, implica mayor brecha de género a futuro.

Una investigación conjunta de las entidades de la ONU titulada El estado de la crisis global de educación: una senda a la recuperación indica que la pérdida futura de ingresos futuros de las generaciones actuales en las escuelas es equivalente al 14% del PIB mundial actual.

En efecto, existe evidencia robusta que indica que más educación implica más ingresos. Con menor educación en términos de cantidad como de calidad, la pandemia implica menos ingresos futuros para quienes están en etapa de aprendizaje porque están adquiriendo menos habilidades y conocimiento.

Uno podría pensar que en la época de la digitalización la educación remota es una solución. Pero una investigación de la década pasada encontró que las clases en línea implican en promedio menos rendimiento escolar y que en general es solo aprovechada por los mejores estudiantes. Si a eso le sumamos que la gente pobre no cuenta con accesorios digitales, la brecha educativa se hace aún más alarmante.

Por lo que organizaciones y centros de pensamiento internacionales recomiendan seriamente no cerrar las escuelas por los efectos negativos que conlleva. Además, una tarea fundamental es cómo mitigar las pérdidas para que el ingreso, la productividad y la igualdad de oportunidades no se vean mermados.

A eso se debe sumar que el cierre de escuelas ha implicado el deterioro de la salud mental de los niños, tal como lo reportó esta semana un estudio publicado por la NBER.

Según la legislación actual, la educación es un derecho humano (artículo 26 de la Declaración Universal) y es un derecho constitucional boliviano (artículo 17).

La educación es fundamental para resolver los problemas de la agenda pública actual. Sirve para formar ciudadanos más informados y menos susceptibles a la corrupción; mejora el servicio público en todos sus niveles, incluyendo autoridades; y hace que la desinformación sea menos dañina como hoy. Además, ningún modelo de desarrollo puede sobrevivir sin mejor capital humano.

No matemos hoy el futuro de nuestra niñez y juventud con escuelas cerradas. Preservar la naturaleza pasa por conservar y mejorar la humanidad que vivirá en ella.

Abramos de una vez las escuelas con protocolos adecuados y accesibles de bioseguridad.

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