Abstención cómplice de Bolivia ante Nicaragua
Un total de 27 de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó a Nicaragua por el hostigamiento a la Iglesia católica, la persecución a la prensa y a las organizaciones no gubernamentales (ONG); pero Bolivia prefirió abstenerse en una clara muestra de apoyo al régimen de Daniel Ortega, que viola derechos y leyes a diario, como hace un auténtico dictador.
El viernes de la anterior semana, la OEA celebró una sesión extraordinaria en la que el Consejo Permanente, que es el órgano ejecutivo de la organización, adoptó esa resolución sobre la situación de Nicaragua contra el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del Gobierno y sus acciones.
Desde el año 2018, el Gobierno de Ortega critica a los sacerdotes de ese país por haber dado refugio a los manifestantes heridos o que escapaban de la represión que aquel año terminó con 355 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa ocasión, el régimen calificó las protestas como un fallido ‘golpe de Estado. Las estrategias y la retórica populista se parecen mucho en todas partes, como en este caso que nos recuerda tanto al discurso oficial con relación al fraude electoral de 2019 en Bolivia.
Ahora en Nicaragua se produce una nueva arremetida de la dictadura sandinista contra la Iglesia. La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, denunció en la sesión de la OEA que el obispo Rolando Álvarez fue retenido en la curia y es acusado por Rosario Murillo, esposa de Ortega, de cometer supuestos ‘crímenes de lesa espiritualidad’. Vaya invento de la mujer fuerte del régimen.
El obispo Álvarez y otros diez religiosos nicaragüenses han denunciado que se encuentran incomunicados e impedidos de recibir alimentos o medicinas.
Similar acoso recibe la prensa nicaragüense independiente, que se siente impedida de tener acceso a las fuentes periodísticas por el temor generalizado de la población a expresarse. La presidenta de la CIDH dijo que en las últimas semanas tuvo constancia del exilio forzado de periodistas, en particular de toda la redacción periodística del diario La Prensa de ese país.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió al Gobierno de Ortega que cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente, garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y condenó el cierre forzado de unas 1.400 ONG en Nicaragua.
A esa Nicaragua de represión, intimidación y de 190 presos políticos condenó la resolución de la OEA, pero Bolivia nuevamente eligió abstenerse en la votación, en una vergonzosa complicidad con su aliado sandinista.
También en marzo pasado, Bolivia votó en contra de la resolución de Naciones Unidas en Ginebra, que conformó un grupo de expertos que investigará la violación de derechos humanos en Nicaragua.
La posición del Gobierno del MAS en la esfera internacional debiera llamar la atención de los bolivianos, porque esa conducta se ha convertido en reiterativa en todos los casos en que la comunidad internacional condena la vulneración de los derechos ciudadanos.
Qué distinta la actuación de Chile, que también tiene un gobierno de izquierda, pero que adoptó la posición correcta en línea con la mayoría de las naciones. Su representante permanente ante el organismo, Sebastián Kraljevich, comparó la situación de Nicaragua con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y dijo que hay que contribuir a la resistencia del pueblo nicaragüense y buscar todas las vías pacíficas del diálogo.
