Familias y defensores de los menores abusados lamentaron que en nombre de la niñez exista exceso de discurso y de polémica. Creen que las normas no sirven si no van acompañadas de acciones, y que buscar justicia es un viacrucis

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28 de mayo de 2023, 6:00 AM
28 de mayo de 2023, 6:00 AM

En 2016, tanto Álvaro García Linera como Evo Morales anunciaron que el gobierno de esa época daría a conocer un informe detallado sobre denuncias de abuso sexual a menores, cometido por miembros de la Iglesia católica.

Al anuncio, la Iglesia, a través del entonces juez eclesiástico del arzobispado de Cochabamba, Miguel Manzanera, recomendó al Gobierno “barrer su propia casa”.

Todos guardaron silencio. El informe nunca vio la luz, ni siquiera hasta 2019, cuando fue solicitado por el equipo periodístico de la Red Connectas a Virginia Velasco, ex ministra de Justicia de Evo Morales, y actual senadora.

Hoy, el Gobierno de Luis Arce envió a la Asamblea Plurinacional un proyecto de ley para que los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes no prescriban, luego de la ola de denuncias de abuso sexual de parte de religiosos.

Sin embargo, los que viven el día a día de la justicia boliviana saben que anuncios van y vienen, y que el sistema sigue siendo el mismo de siempre, con todos los males que esto implica.

Para Jessica Echeverría, fundadora de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, la problemática se debe a varios factores que convierten la búsqueda de justicia en un tormento.

Cree que falta formación y especialidad para trabajar en este tipo de casos, a lo que suma el desinterés de los funcionarios llamados a proteger a la niñez, y la falta de personal en las cantidades que demanda esta problemática, más grave de lo que se piensa.

En Bolivia, 23% de los niños sufre abuso sexual, Santa Cruz es uno de los departamentos que encabeza las estadísticas, y algo que me llama poderosamente la atención es que han aumentado los niños varones como víctimas”, dijo.

La jurista considera que todo esto ocasiona recarga en los procesos, retardación en las sentencias, revictimización y daño sicológico a los menores, y también desgaste de los tutores. “El sistema judicial en Bolivia está hecho para desistir”, lamentó.

Echeverría cree que el país avanzó en tener una mirada progresista hacia los derechos y estándares de protección de la mujer, pero que “seguimos estancados en el tema de los niños. En Bolivia no tenemos especialización en derecho de la infancia, no tenemos los abogados de la niñez, a diferencia de otros países”, aseveró.

Otro elemento que lamentablemente es parte del sistema judicial, según Echeverría, es el dinero. Dijo que cuando existen irregularidades, lo que hay por detrás es dinero, desde un principio, porque todos saben que los casos de abuso sexual infantil son muy delicados y, al ser los menores muy vulnerables, tienen una protección especial del Estado.

Echeverría dijo que es muy clara la Ley Nº 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, y que sin embargo hay jueces que siguen beneficiando a los agresores.

“Es muy difícil sancionar a los jueces, hay que ponerse a pensar que, si a una víctima le cuesta denunciar a un agresor, cuánto más cuesta denunciar a un juez o a un fiscal, o iniciarle un proceso disciplinario”, resaltó.

Para Echeverría, a eso hay que agregar que, en la mayoría de los casos, las familias denunciantes no tienen recursos económicos y tampoco existen plataformas o grupos como en el caso de la violencia contra la mujer.

Opina que “no cambia el sistema, todo sigue igual”, porque los cambios en la normativa no van acompañados de otras medidas. “Cómo es posible promulgar una ley para que los delitos sexuales no prescriban, cuando ni siquiera hay eficacia y rapidez para sancionar los delitos actuales”, cuestionó.

Claudia Ribera, trabajadora social del Programa Avisa, tiene su propia lista de deficiencias. Mencionó al factor económico, la falta de información y guía a los familiares de las víctimas en el proceso de la denuncia, la poca importancia que dan los distintos funcionarios a los casos, y la constante suspensión de las audiencias, “siendo que deben priorizar a las víctimas menores de edad”.

Opina que es lamentable que, especialmente los policías, en todas sus unidades no tengan ni las herramientas indispensables para trabajar, “algunos hasta piden hojas de papel, y esto no es de ahora, viene de años para cualquier caso. No les dotan, pasa en todas las Estaciones Policiales Integrales (EPI)”, apuntó.

Esta cruda realidad la ha vivido Isabel, luego de que su hija fuera abusada por su padre biológico. “El policía asignado me decía que no tenía ni para gasolina, ni tinta para la impresora, que debía colaborar. No le di un peso y creo que por eso se parcializó. Encima lo chistoso es que uno tiene que ir a notificar al agresor, porque el asignado no quiso ir. Hasta se molestaba de que yo fuera a ver el cuadernillo de investigación”, contó la madre, que vio sobreseído al acusado, y que ahora espera el fallo de la Fiscalía de Distrito.

Para ella, desde que la mandaron a la Fiscalía de la calle Campero empezó su “calvario”. Dice que la representante del Ministerio Público le dio más dudas que certezas, y que le sugirió que “las mujeres van a la Fiscalía presionadas por sus familias”.

Para Isabel, la peor parte del abuso infantil se la llevan los niños más pequeños, ya que su hija, al tener dos años, no era tomada en serio ni siquiera por la psicóloga asignada.

Alejandra, que acusó al chofer de un colegio de abusar de su hijo de cinco años, coincidió en que con la denuncia también inició el viacrucis, porque aparte de tener que lidiar con lo “grotesco del hecho, hay que luchar contra el Ministerio Público, los jueces que ponen un precio a nuestros hijos, a nosotros”, lamentó.

La mamá cree que, si no se hace bulla en la prensa desde un principio, los casos son sobreseídos “por plata, eso es lo que pasa en Santa Cruz”, afirmó.

Igual que en el caso de Isabel, el agresor fue sobreseído, y actualmente aguarda la siguiente resolución, la del fiscal de distrito, Róger Mariaca.

Dijo que lo más duro en este proceso ha sido el tema de la cámara Gesell, se la suspendieron media docena de veces. “Mi hijo no ha podido regresar al colegio desde que eso pasó, terminó virtualmente el año escolar, desde casa, Al final mi hijo ya no quería hablar y la Cámara Gesell salió mal. Fue una revictimización”, suspiró.

Alejandra tildó de show mediático lo que ocurre hoy, porque las víctimas de abusos y sus familias, en la vida real se encuentran desamparadas desde siempre.

“El Ministerio Público, que debería defendernos, se convierte en un enemigo más y se pone a favor del delincuente, a pesar de que los menores tienen un trato preferencial. Anteponen la credibilidad de un delincuente sobre el principio de veracidad del niño”, dijo.

Ejemplarizador

En 2002, cuando tenía 16 años, Brisa de Angulo Losada denunció que fue violada por su primo., pero no se sintió escuchada, y más bien fue cuestionada por los operadores de justicia.

Recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que casi dos décadas después le dio la razón a través de un dictamen.

Según esta sentencia, Bolivia incumplió su obligación de “garantizar, sin discriminación por motivos de género, así como por la condición de niña de la víctima, el derecho de acceso a la justicia.

¿Privilegios?

Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), dijo que no es buena señal para la justicia que las denuncias de pedofilia contra el expresidente Evo Morales no avancen.

Según la activista, existen tres denuncias en contra del exmandatario, radicadas en la Fiscalía Departamental de La Paz. Fueron presentadas en 2020, cuando Morales estaba refugiado en Argentina.

La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, se sumó al reclamo. “Debe ser investigado”, indicó.

PARA SABER

ALARMANTE

Hasta agosto de 2022 se tenía el dato de que en Bolivia, por día, se registraban 110 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. El tipo de maltrato más recurrente era el abuso sexual. A pesar de contar con normas avanzadas, los índices de ultraje contra menores son alarmantes, dijo en esa fecha la diputada Betty Yañiquez.

DELITO QUE PRESCRIBE

Actualmente, el abuso sexual infantil solo puede denunciarse hasta cinco años después de cumplir la mayoría de edad.

“NADA QUE ESCONDER” 

“No tenemos nada que esconder”, remarcó Sergio Von Vacano en entrevista con El Deber Radio. La postura de la Red Fe y Alegría ante las denuncias de pederastia contra sacerdotes católicos es de apertura total a las investigaciones por parte de las autoridades competentes, aseguró el responsable nacional de planificación de esta obra, vinculada a la Compañía de Jesús, que se encuentra en el ojo de la tormenta por denuncias de abusos sexuales a menores.