13 de mayo de 2024, 4:00 AM
13 de mayo de 2024, 4:00 AM

La semana pasada, representantes de la Gobernación, Alcaldía y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) corroboraron una preocupante realidad que se ha denunciado durante años: el Parque Metropolitano Ecológico Río Piraí, más conocido como Cordón Ecológico, está experimentando un preocupante deterioro.

Durante la inspección llevada a cabo en la zona, se encontraron viviendas, bardas, árboles talados, caminos y hasta fraternidades con canchas de fútbol. Se ha llegado al extremo de desviar el curso de las aguas pluviales de un canal para crear lagunas destinadas a la cría de peces. Además, un monitoreo satelital presentado por la Gobernación reveló que cerca del 50% de la superficie de la llanura de inundación ha sido afectada por construcciones y desmontes.

Las regulaciones establecen claramente que en el Cordón Ecológico solo se pueden llevar a cabo actividades de investigación, turismo y recreación.

Resulta desconcertante que, a pesar de la pausa administrativa vigente, se haya observado un deterioro continuo en los últimos años. La deforestación registrada en 2019 fue alarmante, con un 32% de la superficie afectada, y esta tendencia negativa ha persistido en los años posteriores. Incluso se han identificado nuevos propietarios de terrenos que muestran documentos de propiedad emitidos en estos años, inclusive en áreas que anteriormente eran de dominio municipal. Es imperativo que se realice una exhaustiva investigación y auditoría, ya que los indicios de corrupción son evidentes.

Frente a este daño medioambiental, surge la pregunta: ¿Quién es responsable de hacer cumplir la normativa y proteger el Cordón Ecológico? Se entiende que las tres instancias que participaron en la inspección tienen competencias, además del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Sin embargo, existe el riesgo de que, al ser una responsabilidad compartida, al final se convierta en responsabilidad de nadie.

La iniciativa de la Gobernación de realizar un diagnóstico del estado del Cordón Ecológico a través de una consultoría, en coordinación con la Alcaldía, la ABT y el INRA, es un paso en la dirección correcta. Es fundamental conocer con precisión el grado de deterioro que ha experimentado en las últimas décadas para poder tomar medidas efectivas que frenen este deterioro, protejan el área de futuras amenazas y permitan la restauración de las zonas dañadas.

Por otro lado, la Alcaldía cruceña ha asignado un presupuesto de Bs 750 millones para elaborar un nuevo plan de manejo para el Cordón. Según el alcalde Johnny Fernández, el 93% de los predios en el Cordón no son de dominio municipal: el 47% es de propiedad privada y el 46% es rural. Por lo tanto, no se puede ignorar el derecho de propiedad sobre ciertos terrenos. Con tantos intereses en juego, la gestión adecuada del Cordón presenta desafíos significativos.

Ha llegado el momento de que las autoridades actúen con determinación para detener esta invasión del espacio más valioso que posee la ciudad, y que está ocurriendo ante nuestros propios ojos. Se deben tomar medidas decisivas: aumentar la presencia de guardabosques, llevar a cabo inspecciones diarias, utilizar tecnología como drones o satélites para monitorear la zona, e incluso recurrir a la fuerza pública si es necesario.

Es imperativo hacer todo lo que sea necesario para preservar el Cordón Ecológico, que no solo protege a la ciudad de Santa Cruz de las crecidas del Piraí, sino que también contribuye a atenuar los vientos y regular la temperatura. No podemos permitirnos perder este invaluable pulmón ecológico que tanto beneficia a nuestra ciudad.