Acreditación académica, la silenciosa reforma universitaria
La baja calidad de la educación universitaria pública en Bolivia es tema de preocupación desde hace ya varias décadas. Mas aun, en la actualidad la universidad está ausente del debate nacional y no es referente en la discusión de políticas públicas.
A la vez, las diferentes unidades de la educación universitaria parecen estar enfrascadas en sus propias luchas corporativas al interior de sus pugnas de poder en el espacio de la autonomía y el cogobierno. Finalmente, y no menos importante, la universidad pública boliviana consume 2 por ciento del producto interno bruto al año, cifra nada insignificante, y no rinde cuentas sobre el resultado que da al uso de estos recursos; tampoco hay instancia social o pública que se lo demande.
Lo anterior, sin duda es un tema complejo. Hay un sinfín de diagnósticos y propuestas que se centran más en lo “deseable” que en lo “posible.” El caso de la universidad pública boliviana es el arquetipo del “problema perverso” de las políticas públicas: uno de difícil definición. Por tanto, la falta de claridad entre causas y efectos hace que haya poca nitidez entre acciones y resultados, entre otros.
Además, en el corto plazo, no existe una única solución técnica, partamos de ahí. Demasiadas propuestas creen que “el problema” ya está bien definido y plantean “respuestas” que lo “solucionarán”. Quiero distanciarme de ese enfoque. Planteo que el problema es demasiado complejo y que en lugar de buscar “soluciones”, examinemos, más bien, cómo generar progreso.
El archipiélago de universidades públicas está compuesto de 11 unidades en los 9 departamentos-excluyo a la UCB, EMI y Policial por su diferente naturaleza. Las hay colonial, de los siglos XIX y XX, grandes y pequeñas. Mi hipótesis es que intervenciones macro (léase políticas nacionales) para impactar en cada uno de estos diferentes feudos no serán efectivas. Cada una es una estructura burocrática muy difícil de modificar. Hay demasiado que cambiar, si de toda una universidad se trata. Por tanto, cuestiono la unidad de análisis (el sistema universitario en su conjunto) y la modalidad de acción (reforma global).
Propongo que la unidad de análisis y de acción sean más bien las carreras. Es ahí donde se lleva acabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y de investigación. La propuesta es la acreditación de cada una de ellas, para la cual existe normatividad y es un proceso que se realiza dentro del marco de la autonomía y cogobierno actuales. Y, ¡hasta hay recursos IDH asignados para llevar a cabo específicamente para ello!
¿Qué es la acreditación? Es un proceso de evaluación externa por instancias especializadas o pares (otras carreras de Bolivia o del extranjero) que, sobre la base de un informe de autoevaluación, analizan y revisan procesos administrativos y académicos para dar fe que son conducentes a un proceso de calidad. Es una evaluación de proceso, no de resultado, que busca mejorar la calidad académica. Los evaluadores externos dejan recomendaciones y la acreditación es valida solo por un determinado tiempo. Debe ser renovada.
El caso de la carrera de Historia de la UMSA es emblemático. Según la directora, Esther Aillón Soria, PhD, la motivación para ingresar al proceso de acreditación fue mejorar la calidad de los procesos de enseñanza, mantener la credibilidad ante la sociedad, asegurar que los graduados y graduadas estén lo mejor preparados, y proyectar la carrera a nivel internacional, entre otros.
El proceso duró casi 4 años, utilizando recursos IDH mayormente para el traslado y costos de los acreditadores externos. Se recurrió exclusivamente a evaluadores externos, por no contar con carreras pares en el país que la pudiesen evaluar.
El principal aprendizaje fue la “afirmación del cuerpo docente, estudiantil y administrativo de la carrera” que se ha “autorreconocido y visto sus fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas (FODA)”, y la obtención de recomendaciones concretas para mejorar procesos y enfoques.
La carrera obtuvo la acreditación en noviembre de 2019 por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), el Instituto Mora (México), la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Javeriana de Colombia, con 87/100.
¡Qué buen ejemplo a seguir!
Si bien hay disparidad al interior de las diferentes universidades publicas, según la información sobre acreditación provista por el CEUB, en los últimos 5 años el total de carreras acreditadas pasó de menos del 10% a casi el 50%. Lamentablemente, esta información no es pública. Tampoco es demandada por la sociedad para velar por el uso de recursos púbicos o tomar decisiones de inversión de las familias.
En síntesis, para generar progreso en la calidad y pertinencia de las universidades públicas, propongo que la sociedad en su conjunto, en particular los estudiantes, exijan información sobre si las carreras en las que se inscribirán están debidamente acreditadas. A la vez que el CEUB y el Ministerio de Educación hagan pública esta información.
Demandemos carreras y facultades acreditadas. La mejora de la calidad de la universidad comienza aquí. Como lo demuestra la carrera de Historia de la UMSA, hay buenas noticias, entre la improvisación y ausencia de resultados que permea la educación universitaria en Bolivia; démoslas a conocer y celebrémoslas.
