Acuerdo nacional para una cuádruple crisis
El país vive una cuádruple crisis: por un lado es sanitaria, con miles de personas en riesgo de ser afectadas por la propagación del coronavirus. Es también económica, ya que las restricciones de movilización de personas y vehículos reducirá gravemente los ingresos de una gran parte de la población; a ello se suma la reciente estrepitosa caída del precio del petróleo. Esa situación generará el tercer problema, la crisis social, con un agravamiento de la pobreza y de la conflictividad. Finalmente, la cuestión es también electoral, ya que debe decidirse, cuanto antes, la nueva fecha para las elecciones generales.
Una situación como la que enfrenta el país debe tener una solución también a la altura: debe avanzarse hacia un gran acuerdo nacional que permita asumir todas las medidas necesarias para afrontar los problemas de la manera más coordinada y eficiente posible. En pocos momentos de nuestra historia esto ha sucedido, es decir que los partidos se desarmen y acudan a soluciones comunes. Este debería ser uno de ellos. Algo ya se ha avanzado en este sentido: excepto la del MAS, las diferentes candidaturas están de acuerdo con posponer los comicios y apuntalar una estrategia nacional para evitar la ampliación del virus.
La situación presenta varias complicaciones: el hecho de que la presidenta Jeanine Añez sea, además, candidata, dificulta los acuerdos y hace temer que lo que ella decida lo esté pensado dos veces, una por el bien del país y otra para beneficiar a su candidatura. Otra complicación la ofrece el MAS, que preferirá que el país se incendie antes de lograr algún tipo de acuerdo. Si en noviembre pasado la bancada masista estuvo de acuerdo en pacificar el país, aprobar la ley de convocatoria a elecciones e incluso sacar a Evo Morales de la papeleta, cuatro meses después no está disponible a discutir, por ejemplo, el cambio de fecha, en parte con razón: el gobierno en estos cuatro meses no le ha dado al MAS nada a cambio de las concesiones de noviembre e incluso ha ordenado detener a uno de los arquitectos del acuerdo, el exministro Carlos Romero.
Al oficialismo le toca, por eso, para poder postergar la fecha de los comicios, recurrir nuevamente al MAS, esta vez quizás usando un tono menos agresivo y más pragmático. También podríamos ponernos ante el escenario de que, si el MAS rechaza aprobar una ley de postergación, el presidente del TSE, como cabeza de un Órgano del Estado, está habilitado para actuar. Él podría tomar la decisión de suspender los comicios si por una razón de fuerza mayor estos no pueden organizarse y celebrarse adecuadamente. Es que es verdad que el TSE atraviesa por tribulaciones serias para poder cumplir a cabalidad todas las numerosas tareas que debe desempeñar antes de los comicios, desde las de capacitación de jurados y notarios, hasta las de producción y transporte de materiales, debido a las restricciones de movilidad de personas y vehículos y a la prohibición de organizar reuniones de 100 personas o más. ¡Y solo faltan seis semanas para el 3 de mayo!
