Acumulación por desposesión y la nueva industrialización por sustitución de importaciones
Los recursos naturales en Bolivia tienen una dualidad histórica, por un lado representan la más grande frustración del proyecto nacional de las élites oligárquicas, y por otro lado expresan los anhelos y lucha por la estrategia de desarrollo del bloque nacional-popular (campesinos, trabajadores e indios). El ejemplo más emblemático del fracaso oligárquico fue la Guerra del Chaco, que mostró el error histórico del proyecto nacional-liberal de los “doctorcitos de Charcas”; las logias oligárquicas actuales han heredado la ausencia absoluta de un proyecto nacional. En cambio, la defensa de los recursos naturales en su dimensión espiritual e identitaria -la Pachamama- y en su dimensión material -tierra, territorio y excedente- ha detonado el proceso de acumulación histórico nacional-popular que parió el único proyecto nacional que ha dado coherencia, unidad y desarrollo a Bolivia.
En efecto, la crisis general de 2019 y el quiebre constitucional en Bolivia han demostrado la ausencia absoluta de proyecto nacional de la élite oligárquica y, con eso, su renuncia a cualquier aspiración democrática porque en las elecciones no contienden personas sino proyectos-nación; por esto su único argumento fue el golpe de Estado. Sin embargo, la ausencia de proyecto nación es altamente peligroso porque hace que la oligarquía abrace como suyo proyectos derivados del imperialismo -por ejemplo el neoliberalismo- para la acumulación por desposesión. La acumulación por desposesión implica la apropiación/hurto de los bienes públicos y comunes, usualmente recursos naturales, para el capital transnacional en complicidad con las élites locales entreguistas. El Gobierno de facto no hizo sino desplegar la estrategia de acumulación por desposesión para entregar los recursos naturales y las empresas públicas a las transnacionales.
El boicot a las empresas públicas y la paralización de los proyectos de industrialización de hidrocarburos y litio son políticas que respondieron a esta dinámica de acumulación por desposesión. La planta de urea pasó de producir 330,767 toneladas métricas en 2019 a cero toneladas métricas a octubre 2020, con un precio promedio de la urea en 2020 de 229 dólares, esto representa un daño económico al pueblo boliviano de alrededor de 73,8 millones de dólares en 2020. A esto hay que sumar los más de 53 millones de dólares que costará la reparación de las turbinas que fueron saboteadas durante el Gobierno de facto. En el caso de las plantas de cloruro de potasio la producción anual se contrajo de 26,741 toneladas en 2019 a 13,175 toneladas a octubre 2020 y la planta piloto de carbonato de litio pasó de producir 421 toneladas en 2019 a 121 toneladas a octubre 2020, con el precio promedio de cloruro de potasio en 2020 de 217 dólares la tonelada métrica y de carbonato de litio 7.000 dólares la tonelada métrica, el daño económico asciende a 2,9 millones de dólares y 2,1 millones de dólares, respectivamente. En consecuencia, el boicot a YPFB e YLB implicó que las exportaciones de urea cayeran en -94% en 2020, y las exportaciones de cloruro de potasio decrecieran en -79% en 2020. Además, se debe considerar el daño incalculable para el proyecto de industrialización soberano del litio que significó la paralización de la construcción de la planta industrial de carbonato de litio en Uyuni que debió entrar en funcionamiento en la presente gestión.
El objetivo del boicot a las empresas públicas fue mostrar números negativos para la privatización/despojo de las mismas para el capital transnacional; en el caso de YLB la norteamericana Tesla mostró abiertamente sus intenciones de controlar el litio boliviano. Esto no es novedoso, pasó en los 90, recordemos que la privatización de YPFB recurrió al artilugio de la “propiedad en boca de pozo” para despojar al pueblo de la propiedad del gas natural.
El proyecto nacional-popular se erige en la nacionalización e industrialización de los recursos naturales, esta es una dimensión sustancial para entender la recuperación de la democracia en octubre 2020. Sin embargo, la primera fase de la industrialización de los recursos naturales requiere ser profundizada para el cambio de la estructura económica y social de Bolivia. En ese sentido, el Gobierno democrático y popular ha propuesto la nueva estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (NISI) que no solo se enfoca al mercado interno, sino también al mercado externo, en un proceso simultáneo de concentración de bienes y mercados de importación y diversificación de bienes y mercados de exportación. Así, la planta de producción de biodiésel y la integración horizontal de las industrias de subproductos del litio para el desarrollo de la industria química básica y farmacéutica, se enmarcan en la NISI para el cambio estructural con soberanía. Sin embargo, el reto de la NISI es profundizar y expandir el cambio estructural desde las industrias derivadas de los recursos naturales hacia los demás sectores económicos encarando el reto sustantivo del desarrollo tecnológico. La NISI requiere además la participación y pacto social con el sector privado, pero este acuerdo debe ser estratégico porque requiere la participación de una burguesía ávida de ganancia y no de rentas; moderna y no precapitalista; auténticamente nacional y no oligárquica.
