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El Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra el exministro Arturo Murillo, bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción.

La demanda está basada en los resultados de una investigación que se desarrolló durante 17 meses, entre noviembre de 2019 y abril de este año, e identificó la captación de $us 1,2 millones en efectivo o a través de transferencias electrónicas en Estados Unidos y Bolivia. 

Este monto representa el 50% del sobreprecio que pudo pagar el país por un lote de gases lacrimógenos y armamento no letal. La coima fue “pagada” por la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) que cobró $us 5,6 millones al Estado boliviano por esas municiones luego de haberlas adquirido a una compañía en Brasil, pero por solo $us 3,3 millones.

 Por eso es que el Departamento de Seguridad Nacional también se querelló contra los propietarios de la intermediaria, los ciudadanos estadounidenses Luis Berkman y Bryan Berkman, quienes pudieron salir en libertad luego de pagar una fianza por $us 800.000; Philip Lichtenfeld, el empresario norteamericano de origen argentino que fue contratado como “enlace” para esta operación y que está detenido en Miami. Allí también están arrestados Murillo y su amigo Sergio Rodrigo Méndez, quien fue su jefe de gabinete durante su paso transitorio por el poder.

¿Cómo llegó el dinero a los bolsillos de Murillo? Los investigadores, en el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el exterior de EEUU (Fcpa), interceptaron el 12 de abril de 2020 una comunicación de Luis Berkman al enlace Lichtenfeld que decía: “500 Ph, 300 Ro, Ar 400 cb 200mi 615 Mi. 15 pp-Lc”. 

“Basándose en la revisión de las pruebas recogidas, se cree que este mensaje significa en la parte Ro a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal que recibiría 300.000 dólares; “Ar, Arturo Murillo Prijic recibiría 600.000 dólares, pero divididos en 400.000 dólares a ser pagados en Cochabamba, Bolivia, y 200.000 dólares en Miami. Como se describe a continuación, Philip Lichtenfeld recibió de hecho 500.000 dólares y Sergio Rodrigo Méndez recibió de hecho, en beneficio propio y de Arturo Murillo Prijic cerca de 600.000 en Cochabamba”, se lee en la demanda a la que accedió EL DEBER.

El 13 de abril de 2020, Luis Berkman dejó un mensaje de voz de WhatsApp a Lichtenfeld: “Phillip. ¿Cómo estás, hermano? Tal vez estés durmiendo a estas horas, pero acabo de hablar con Arturo, hermano, y obviamente ya nos están molestando mucho con esto. Mañana, en cuanto puedas, me mandas la cuenta a donde vamos a depositar ese dinero para poder arreglar todo esto. Nada más, hermano, cuídate”.

El informe señala que el mensaje fue emitido “cuando todo el equipo comprado bajo el contrato mencionado, había sido entregado dos semanas antes”.

Pero este material fue entregado en marzo en el aeropuerto de Río de Janeiro y no en Bolivia, de acuerdo con el contrato que firmó en diciembre de 2019 el Ministerio de Defensa con BTS y al que accedieron legisladores bolivianos que formaron parte de una Comisión Especial Mixta que investigó este caso entre junio y octubre de 2020.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, informó este martes que “toda la munición que fue adquirida durante la anterior gestión está almacenada”. Remarcó que no se usó ni una sola granada de gas ni se disparó un solo perdigón de goma porque “en este tiempo, el país estuvo tranquilo”.

De vuelta a la querella planteada en Estados Unidos, el 29 de junio de 2020, Lichtenfeld envió a Luis Berkman un libro de contabilidad escrito a mano en el que se desglosaba un acápite bautizado como “transferencia Arturo”

En el libro de contabilidad aparecen dos transacciones; una por $us 100.000 y otra por $us 79.000. “Los registros de cuenta 0506 a una cuenta bancaria en Estados Unidos muestran dos transferencias electrónicas en junio de 2020 que coinciden. Una de la cuenta 0506 a otra de Estados Unidos que termina en 7665 por $us 100.000 y otra de la cuenta 0506 a una cuenta del Banco 2 de Estados Unidos que termina con 8861 por 79.000”, señala el reporte.

“En el libro de contabilidad también figuraban pagos correspondientes en “efectivo” por un total de 160.000 dólares”, complementa el reporte en el que señalan a Arturo Murillo como el destinatario de esos depósitos.

Este martes, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo informó que los servicios de inteligencia “identificaron al individuo que cooperó con Murillo en la recepción de los recursos en territorio nacional. “En las próximas horas daremos los nombres y estamos haciendo los seguimientos. Estamos demostrando que Arturo Murillo no actuó solo, pues estaba con él todo un clan mafioso que le robó al pueblo boliviano”, apuntó.

Del Castillo informó el lunes que una parte de esos recursos que provinieron de los sobornos del sobreprecio, llegó al país como una inversión de capital activada por Philip Lichtenfeld en el proyecto inmobiliario del Word Trade Center que se construye en Santa Cruz. Pero la compañía que invierte en el proyecto anunció a EL DEBER que apoyará las investigaciones en el marco de la ley y que no se puede juzgar a la empresa por un supuesto delito en el que podría estar involucrado uno de sus socios inversionistas.

En todo caso, Lichtenfeld está detenido en una prisión de Miami, al igual que Arturo Murillo.

De acuerdo con la información publicada por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Arturo Murillo está recluido en el Centro de Detención Federal de Miami. Su número de registro en ese penal es el 02358-506.

El viceministro de Transparencia, César Siles, ratificó en una entrevista con EL DEBER que se pidió al Ministerio Público la comparecencia de todos los ministros que acompañaron a Jeanine Áñez durante la transición. Este martes (ayer) fue el turno de la excanciller Karen Longaric, pero ella no acudió a la cita porque se encuentra fuera del país. 

"Estoy fuera del país. Estoy trabajando en un programa académico de investigación en temas internacionales”, afirmó Longaric, en un contacto con EL DEBER, tras ser consultada si había salido de Bolivia. Luego se le consultó si iba regresar al país y respondió: “¡Sí, por supuesto!”. Luego dijo “esta es una oportunidad académica y profesional importante para mí”.

“De acuerdo con la información que nos proporcionan, es que ella (Longaric) habría salido de Bolivia a Chile el 30 de marzo. Ella fue notificada en su domicilio a objeto de que pueda ofrecer sus declaraciones en calidad de testigo, hoy a las 16:00”, afirmó a la red Unitel el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Alberto Aguilar.

"Yo no conocía a la señora Jeanine Áñez antes de ser posesionada como canciller de la República. El día de mi posesión la saludé y fue mi primer encuentro con ella”, relató Longaric.

Por su lado, el fiscal general Juan Lanchipa anunció hace una semana el inicio del trámite de extradición de Murillo, pero el canciller Rogelio Mayta ratificó este martes que esa solicitud no llegó, aunque aclaró que el exhorto debe ser planteado desde el Tribunal Supremo de Justicia.

El caso en Bolivia por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos se activó en enero y recién el lunes comparecieron dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa que fueron enviados preventivamente a prisión por el lapso de seis meses.

La Fiscalía ha sido criticada, incluso por el Gobierno, por la falta de celeridad en este caso. El MAS pedirá un informe oral al fiscal Lanchipa por estos procesos.

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